Todas y todos en algún momento hemos pensado en tener “nuestra casa propia”. De hecho, la casa propia es un ideal que persigue toda familia, ya sea de jóvenes recién casados, madres o padres solteros, familias extensas o jóvenes que buscan independizarse. Tener una casa propia, en el imaginario colectivo, es señal de progreso. Sin embargo, hace algunos años lleva popularizándose en distintos países del mundo la frase: “la vivienda como derecho y no como negocio”, acompañada de movimientos colectivos que buscan hacer visible la manera en la que gobiernos y empresas privadas se han aprovechado de la necesidad de vivienda de la población de menores ingresos y del discurso de la casa propia para hacer crecer sus bolsillos.
La plataforma de periodismo narrativo Gatopardo, ha realizado algunos reportajes para su serie llamada “Vivienda en crisis”, que busca relatar el problema de la construcción de vivienda social y su abandono. Una de las historias narra el caso del fraccionamiento Colinas de Santa Fe, en Veracruz[1], donde el Infonavit junto con las constructoras Homex y Casas Geo cometieron fraude hacia los trabajadores que adquirieron ahí sus viviendas. Las y los habitantes relatan que las casas están construidas con materiales de muy mala calidad, no tienen acceso a servicios básicos, padecen de inundaciones, las aguas negras se desbordan por la infraestructura deficiente y además se encuentran lejos de todo tipo de servicios. Así como este ejemplo hay muchos más en todo México.
Como bien menciona la arquitecta y urbanista Raquel Rolnik, muchos de los problemas que se viven hoy en día en las ciudades relacionados con la desigualdad social fueron fruto de políticas públicas y no de la falta de ellas[2]. El modelo de vivienda social tiene su inspiración en el programa habitacional chileno de la dictadura de Pinochet (1973-1990). El propósito de estos programas era dar dinero a los pobres, a través de créditos, para que pudieran comprar una casa. Rolnik dice que el problema de ese tipos de programas es que, para garantizar la ganancia de las constructoras, las viviendas tenían que ser construidas con materiales de baja calidad y en tierra barata, eso se traduce en lugares en las periferias sin servicios ni infraestructura. En México, la política de vivienda social sufrió modificaciones en la década de los noventa, cuando se instala el modelo neoliberal, la intervención del Estado disminuye y deja la promoción de vivienda social en manos del sector privado. La vivienda se integra a las lógicas del libre mercado, es decir, deja de responder a una necesidad para convertirse en una mercancía.
Es en el sexenio del presidente Vicente Fox (2000-2006) cuando se entregan créditos masivos para la adquisición de vivienda. La meta era otorgar 3 millones de créditos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) fue la instancia que entregó la mayor cantidad de estos, representando el 50% de los créditos otorgados[3]. Sin embargo, la construcción de vivienda por parte del sector privado solo se enfocó en eso, en construir, no estuvo acompañada de equipamientos, infraestructura ni de supervisión en la calidad de las construcciones, lo que claramente incidió en el entorno y en la calidad de vida de quienes habitan estos lugares.
Según información obtenida del Reporte Anual de Vivienda 2020[4], el 85% de la vivienda financiada con un crédito INFONAVIT se localiza en zonas intermedias y periféricas de los núcleos urbanos y solo el 5% se ubica en zonas céntricas. Esto implica que además de la lejanía de las viviendas, las y los habitantes se enfrenten con problemas de movilidad por falta de transporte público y de acceso a equipamientos como escuelas, bancos, hospitales o supermercados. Esto ha producido que el abandono de vivienda de interés social sea cada vez más frecuente.
En el año 2021, tan solo en el estado de Nuevo León, existían 11,041 viviendas en abandono que se obtuvieron con crédito INFONAVIT, principalmente en los municipios de García (2,542), Juárez (2,357), Ciénega de Flores (1,102) y Pesquería (979)[5]. Como se menciona anteriormente, en busca de suelo barato, las inmobiliarias optan por lugares en las periferias de las ciudades para el desarrollo de fraccionamientos de interés social, lo cual ocasiona el crecimiento acelerado de la mancha urbana. El gobierno, como medida paliativa para hacer frente a los problemas que causó la construcción masiva de vivienda, ha propuesto iniciativas como las del “regreso al centro”. Estas propuestas incentivan a las desarrolladoras inmobiliarias a construir vivienda vertical en el centro de la ciudad, respaldadas por políticas de redensificación y movilidad como lo es el Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)[6]. Sin embargo, la nueva oferta de vivienda en el centro tiene un perfil claro, está destinada a población de ingresos medios y altos, produciendo un desarrollo geográfico desigual[7], es decir, se crean espacios diferenciados a los que la población tiene acceso dependiendo de su poder adquisitivo. Además de legitimar las inversiones inmobiliarias, la compra de vivienda está dirigida hacia plataformas digitales como Airbnb o de renta exclusiva para extranjeros, mientras que la expansión y la construcción de vivienda en las periferias continúa.
A pesar de que el derecho a la vivienda es un derecho humano reconocido internacionalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, e incluso en el artículo 4to. de la Constitución Mexicana, todavía hay un largo camino por recorrer para que este derecho pueda hacerse efectivo y no solo sea un privilegio que gozan quienes pueden pagar los altos costos por adquirir una vivienda de calidad, céntrica, con servicios, equipamientos e infraestructura adecuada. Lamentablemente, es el mismo Estado junto con el sector privado quienes nos han llevado adonde estamos ahora.
Así como en México, en otros países como Brasil, Uruguay, Alemania o España se lucha por el derecho a la vivienda de personas en situación de calle, por el reconocimiento de las cooperativas de vivienda, por la expropiación de viviendas al mercado inmobiliario, por la regularización de los precios del alquiler, etc. Estas experiencias alrededor del mundo nos dan esperanza y nos muestran que es posible un cambio a partir de la movilización social, además de invitar a cuestionarnos sobre las contradicciones de las políticas de vivienda y la idea de “la casa propia” como única forma de acceder a ella, pero eso ya es otro tema.
8 de octubre de 2022
* Elided Hernández es Arquitecta por la UANL y Maestra en Arquitectura por la UNAM, con especialidad en urbanismo.
[1] Pantano de Promesas: Abandono de viviendas en Veracruz. Publicado en Gatopardo.
[2] Rolnik, R. (2022). São Paulo: Planejamento da Desigualdade. Fósforo Editora
[3] La política de vivienda en las administraciones del Partido Acción Nacional: 2000-2012. Ver:
[4] Reporte Anual de Vivienda 2020 INFONAVIT.
[5] Datos del INFONAVIT, obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con corte al mes de junio de 2021, sobre las viviendas abandonadas por municipio del estado de Nuevo León.
[6] Modelo urbano de planeación y diseño orientado al transporte público, que promueve comunidades densas y compactas.
[7] Harvey, D. (1990). Los límites del capitalismo y la teoría marxista. México: Fondo de Cultura Económica.
Imagen de portada: Ignacio Irazuzta. Colonia Real de Palmas, Zuazua, Nuevo León.
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