La Reforma Agraria dio inicio con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 elevada al rango constitucional al ser promulgado el Artículo 27 Constitucional. Su objetivo era hacer justicia al campesinado victorioso en la lucha revolucionaria y restituir la tierra a los pueblos originarios, elevar la producción agropecuaria y mejorar el nivel de vida del campesinado empobrecido. En forma gradual el movimiento campesino fue integrándose al Estado mientras éste fortalecía su institucionalización respaldándose en el clientelismo agrario y agrícola.
Latifundistas, agraristas solicitantes de tierra, ejidatarios concentrados en la Confederación Nacional Campesina (CNC)[1], agroempresarios y pequeños productores, aprendieron a negociar con los gobiernos hasta la llegada de los tecnócratas, que “no sólo decretaron el insoslayable fin de una reforma rural (…), emprendieron también una contrarreforma (…) librecambista que sustituyó el mandato justiciero del constituyente de 1917 por las inapelables órdenes del mercado”[2].
El proceso de inicio y conclusión de la reforma agraria, la lucha por la tierra, y la formación ejidal, no fue lineal. El proyecto de nación planteado por los constituyentes se centraba en el modelo liberal de la modernidad, con la consecuente dependencia a los intereses extranjeros y a los de sectores conservadores poseedores de capital y latifundios que serían afectados con la implementación de las leyes agrarias. En este contexto, el reparto agrario durante los años veinte del siglo pasado avanzó poco, los avances notables se lograran en el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas (1934-1940), cuando el número de hectáreas repartidas se duplicó, siendo cerca de 50% de tierras de riego, contando con apoyo financiero y asesoría técnica. El resultado fue el incremento de los volúmenes de producción de alimentos respecto al periodo del porfiriato.
Pero el freno y retroceso ocurre a partir del gobierno de Ávila Camacho, en términos generales, el reparto agrario se contrajo; se mantuvieron antiguos latifundios, se repartieron indebidamente tierras de riego a políticos y se protegieron con certificados de inafectabilidad y juicios de amparo, a pesar de rebasar la ley de la pequeña propiedad. En ese gobierno la mayor parte de las tierras dotadas a ejidatarios fueron improductivas, no hubo apoyo crediticio ni técnico.
En los años cincuenta y sesenta los ejidatarios contaron con menor apoyo que los agricultores particulares, cuya dimensión de tierras de labor y agua de riego, y el valor de la maquinaria agrícola moderna fueron superiores que la ejidal. El bajo nivel en el reparto agrario era atribuido por las autoridades a que “no había tierras que repartir”. En los sesenta, la escasez de trabajo en ejidos y en propiedades privadas mantenía a la fuerza de trabajo rural a nivel de sobrevivencia. Ejidatarios y pequeños propietarios engrosaron las corrientes migratorias hacia Estados Unidos, a regiones de agricultura comercial del país y a zonas metropolitanas, en mayor grado a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Hasta fines de la década de los años ochenta, salvo pocas excepciones, la situación ejidal mantenía una evidente situación de rezago respecto a las propiedades privadas; carentes del ingreso económico para la vida familiar, ejidatarios y pequeños propietarios, se vieron obligados a trabajar como jornaleros o en ocupaciones complementarias artesanías o algo diferente al cultivo de la tierra[3].
En resumen, el proyecto ejidal se sustentó en la convicción de jefes revolucionarios acerca de la pobreza de la población rural (mayoritaria en esa época) y de las injusticias infligidas a los pueblos originarios. No obstante, el proyecto de nación se vinculó al modelo liberal de modernización apoyado por sectores capitalistas y políticos, acordes al sistema unipartidista en la toma de decisiones. Esta fue una de las razones por la que el proyecto de formación ejidal no creció en términos de producción agropecuaria, sus sustentantes se mantuvieron en la sobrevivencia, la pobreza y sólo en algunos casos obtuvieron éxito por razones diversas, una de ellas fue la anexión de los líderes al sistema oficial.
Se explica entonces por qué a partir de la etapa Cardenista el ejido fue sistemáticamente relegado; por qué si los campesinos sin tierra solicitaron la formación ejidal de acuerdo a la Ley de la Reforma Agraria, fueron obstaculizados “legalmente” por antiguos y nuevos latifundistas, por lo regular políticos, que de manera ilegal contaban con certificados de inafectabilidad otorgados por las mismas autoridades al fraccionar sus propiedades a nombre de familiares, amigos o presta nombres; y del por qué los campesinos pobres que exigían el reparto, fueron amenazados en forma violenta y/o atacados por las guardias blancas armadas contratadas con ese fin, situación que provocó enfrentamientos y muertes en el país.
También se explica por qué no existió congruencia entre las necesidades campesinas y el programa oficial fundado para elevar la producción agropecuaria y la calidad de vida rural. Y el porqué de las diferentes reformas a la ley respecto al número de hectáreas, la calidad de la tierra, el acceso al riego, etc., suma de obstáculos siempre en detrimento a las posibilidades productivas de la gran mayoría de los ejidos que carecían de créditos para obtener equipo de tecnología avanzada, incluso para financiar el riego estipulado en los certificados de dotación presidencial.
En sentido opuesto, la inversión fluyó durante sexenios que “se caracterizaron por una paulatina inserción del capital en las economías campesinas, –intensificada durante las coyunturas de Miguel Alemán y Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari la medida fue radical”[4]. El camino hacia la globalización neoliberal había sido allanado, iniciaba una nueva era sin trabas para la concentración de la tierra en manos multinacionales e inversión de capitales internacionales en el campo mexicano, los obstáculos para el libre comercio internacional se fueron derrumbando, hasta el presente con las reformas estructurales.
Durante el sexenio de Salinas de Gortari se elevó a rango constitucional la ruina del campo mexicano: el 6 de enero de 1992 se expidió el decreto por el que se reformó el Artículo 27 Constitucional y el 26 de febrero se publicó la Ley Agraria que lo valida. Ese mismo año, el 17 de diciembre, se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, entrando en vigor el 1º de enero de 1994.
Lo que hoy vivimos como país agraviado por el infortunio de millones de campesinos empobrecidos, de miles de migrantes con destino incierto, tiene explicación en nuestra historia, vivimos los terribles efectos de la política mexicana.
“La tierra: un valor de uso al que nuestra revolución agraria quiso dotar de misión social, se reduce a simple valor de cambio” (Armando Bartra, citado)
27 de febrero de 2017
[1] La Confederación Nacional Campesina (CNC) es una organización mexicana de ejidatarios, comuneros, solicitantes de tierras, asalariados y productores agrícolas. Su antecedente es el Comité Organizador de la Unidad Campesina, que incorporó a los líderes de varias organizaciones locales, de sindicatos de trabajadores agrícolas y de la Confederación Campesina Mexicana, todos integrantes del partido oficial. Fuente: Campesinos de América Uníos. La revolución productiva de México. CNC, Información virtual.
[2] Armando Bartra, Reformas agrarias del nuevo milenio, Masiosare, domingo 14 de febrero de 1999.
[3] Lo relativo a la cronología de la Reforma Agraria hasta antes de la Contrarreforma de Salinas de Gortari, se basa en: Paz Sánchez, Fernando (1995), El campo y el desarrollo económico de México, Editorial Nuestro Tiempo, Colección Grandes Problemas Nacionales, México, D. F., pp. 56-77.
[4] Dr. Carlos H. Durand Alcántara, Crítica a la nueva ruralidad en el marco de la era neoliberal (su visión sociojurídica). Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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