
En noviembre de 2017, Académicos de Monterrey 43 fue una de las pocas voces que se solidarizó con el reclamo de Acoso en la U al publicar un pronunciamiento colectivo en el que exigían que las instituciones reconocieran la existencia de la problemática del acoso sexual, además de la investigación de las denuncias existentes y el establecimiento de los protocolos correspondientes. En virtud de la vocación crítica y de movilización del colectivo, este espacio retoma el presente artículo que fue publicado originalmente este 12 de marzo en la plataforma La Traductora, medio digital conformado por mujeres con enfoque en los derechos humanos y la perspectiva de género.[1]
Monterrey alguna vez fue una ciudad que se jactaba de que sus habitantes no protestaban. Veíamos las marchas por televisión en el noticiero, la mayoría en la Ciudad de México, y sorbíamos el café con la certeza de que aquí eso no pasaba porque no había razón para tomar las calles. Gracias a que la historia de organización y lucha de la ciudad quedó sepultada bajo el pesado lastre de las ideas del empresariado regiomontano, manifestarse era y sigue siendo mal visto por un sector de la opinión pública que considera que la protesta no forma parte de la ideología de las personas trabajadoras. Afortunadamente todo tiene su final y nada dura para siempre.
Una de las luchas que ha irrumpido en la ciudad ha sido la de las mujeres. Las manifestaciones feministas han teñido de morado y verde las calles del centro de la ciudad una y otra vez, exigiendo justicia por las víctimas de la violencia de género en un estado que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en llamadas de emergencia por abuso sexual, el tercer lugar en presuntos delitos de violencia familiar, y que tiene el tercer municipio ―Monterrey― con mayor número de feminicidios en 2020.[2] Como en todas las revoluciones, son las más jóvenes quienes se encuentran al frente exigiendo ya no solo igualdad sino emancipación y justicia. Pronto estas exigencias entraron en las aulas de las universidades y detonaron una granada cuyos fragmentos siguen cayendo sobre nuestras cabezas.
Acoso en la U se conformó en el 2017 como un blog que se nutrió de testimonios de alumnas y exalumnas quienes denunciaban de forma confidencial el acoso sexual por parte de profesores del Tec de Monterrey, de la Universidad de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El blog estuvo colgado en la red un par de días hasta que recibió un ciberataque y dejó de funcionar, además de que fue denunciada anónimamente ante la empresa que administraba el dominio.[3] Ante la caída del blog usuarias de las redes sociales comenzaron a dejar sus testimonios con el hashtag #AcosoEnLaU. Un caso que trascendió fue el de Felipe Montes, un conocido escritor local, quien tras la denuncia confidencial de cinco mujeres fue suspendido por el Tec de Monterrey y procedió a negar todas las acusaciones por medio de un post en su perfil de Facebook.[4]

El trabajo de Acoso en la U, que ahora se conforma como asociación civil, fue fundamental para la generación de los Protocolos Contra la Violencia de Género que operan en la actualidad en el Tecnológico de Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y la Universidad de Monterrey (UDEM), entre otras instituciones. En principio, la confidencialidad de la denuncia fue lo que les brindó seguridad a muchas mujeres quienes en otro contexto jamás se hubieran atrevido a compartir su experiencia de acoso sexual y violencia en el ámbito universitario. Es evidente que en estos casos la confidencialidad funciona como una protección para las víctimas y se posiciona como la única vía en la que pueden romper el silencio.

Esta protección estuvo en riesgo porque en mayo de 2019 Felipe Montes inició un procedimiento de derechos ARCO[5] ante Acoso en la U para conocer la identidad de sus denunciantes, así como la “eliminación de cualquier medio físico y electrónico de los testimonios publicados en la web”.[6] En pocas palabras, Montes intentó quebrantar la protección de quienes lo denunciaron de forma confidencial por acoso sexual al instrumentar el derecho a la protección de privacidad como un medio de acoso continuado hacia las víctimas. La asociación se negó puesto que no es sujeto obligado a responder solicitudes ARCO, además de que Felipe Montes jamás compartió sus datos personales con Acoso en la U.
Sin embargo, el problema no es solo la maniobra revictimizadora de Montes, sino que el INAI accedió a continuar el procedimiento de protección de datos personales y consideró que la asociación civil actuó con mala fe al negarse a responder a la solicitud, por lo que también inició un procedimiento de sanción. El 10 de marzo la asociación en conjunto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) respondieron a la solicitud e hicieron público un comunicado ante el INAI, quien posteriormente resolvió que Acoso en la U no está obligada a dar información sobre las denunciantes confidenciales.[7] No obstante, el procedimiento de sanción continúa y en este momento se encuentran en espera de la resolución, la cual puede ser una multa económica en perjuicio de su labor de promoción de una vida libre de violencia para las mujeres.
El INAI, al continuar con el proceso de sancionar a una asociación civil, se convierte en un mecanismo institucional que opera como cómplice de los agresores al tomar represalias en contra de quienes denuncian de manera confidencial. Esta acción sienta un peligroso precedente en el uso de la Ley de Protección de Datos Personales y se vuelve un mecanismo de revictimización y silenciamiento de las mujeres.

Acoso en la U y quienes la conforman han sido una de las organizaciones que ha luchado contra la violencia de género en Nuevo León y ahí están los protocolos que evidencian su trabajo a lo largo de cuatro años. Este proceso es un ataque a la integridad de las denunciantes confidenciales y a las asociaciones que velan por los derechos de las mujeres. En Monterrey, así como en la Ciudad de México y en todo el país, las mujeres exigimos que el INAI no sea cómplice de acoso, hostigamiento y violencia sexual.
Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.
16 de marzo de 2021
* Michelle Monter Arauz, es Traductora por la UANL y especialista en Literatura Mexicana del Siglo XX por la UAM-Azcapotzalco. Algunos de sus textos han sido publicados en Revista Nexos, Este País, y Kaja Negra. Instagram: @michelllemonter
** Imagen de portada: Lectura del comunicado de Acoso en la U en las instalaciones del INAI en la Ciudad de México este 10 de marzo pasado, autoras: Acoso en la U.
[1] “INAI no seas cómplice”, disponible en: https://www.latraductora.mx/post/inai-no-seas-c%C3%B3mplicehttps://www.latraductora.mx/post/inai-no-seas-c%C3%B3mplice
[2] “NL sí es segundo lugar en llamadas por violencia familiar”, disponible en: https://verificado.com.mx/nl-si-es-segundo-lugar-en-llamadas-por-violencia-familiar/
[3] “Las universitarias de Monterrey se unen para denunciar el acoso en las aulas”, disponible en: https://verne.elpais.com/verne/2017/11/14/mexico/1510682263_253516.html
[4] “Yo soy Felipe Montes”, disponible en: https://www.facebook.com/felipe.montes.5070/videos/1507465535976040/
[5] El nombre de estos derechos es un acrónimo de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos personales como parte de la protección de privacidad con el objetivo de “impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de tu dignidad”, disponible en: http://www.infodf.org.mx/index.php/protege-tus-datos-personales/%C2%BFcu%C3%A1les-son-mis-derechos.html
[6] Comunicado INAI, disponible en: https://www.acosoenlau.com/comunicados/inai-r3d/
[7] “Un profesor destituido por acoso apela a la ley de datos para conocer la identidad de las estudiantes que lo denunciaron”, disponible en: https://elpais.com/mexico/2021-03-10/un-profesor-destituido-por-acoso-apela-a-la-ley-de-datos-para-conocer-la-identidad-de-las-estudiantes-que-lo-denunciaron.html