Desde que Donald Trump fue electo presidente, varios políticos y juristas estadounidenses han traído a la discusión pública la Cláusula de Honorarios. La Emolument Clause (cláusula de honorarios) es un apartado en la Constitución de los Estados Unidos que les prohíbe a los empleados de gobierno aceptar cualquier regalo, honorarios, o títulos de cualquier especie provenientes de reyes, príncipes, o un Estado extranjero. El espíritu de la cláusula es el de evitar que los funcionarios públicos basen sus decisiones en asuntos personales en vez de atender los intereses del pueblo y la nación.
“No Title of Nobility shall be granted by the United States: And no Person holding any Office of Profit or Trust under them, shall, without the Consent of the Congress, accept of any present, Emolument, Office, or Title, of any kind whatever, from any King, Prince, or foreign State.” (Article 1, Section 9, Clause 8)
Por más de 40 años, ha sido una práctica de los candidatos a la presidencia de publicar su declaración de impuestos con la intención de dejar asentada la procedencia de sus bienes. Presidentes como Jimmy Carter y los dos Bush, encargaron sus negocios a un Fideicomiso Ciego para evitar conflictos de interés. Pero este no ha sido el caso de Trump, quien no solamente no ha hecho públicas sus declaraciones de impuestos, sino que, al parecer, se ha estado beneficiando del cargo en cuanto a promocionar sus hoteles y hasta emplear su nombre y el sello presidencial impresos en tazas y vasos tequileros que se venden en sus establecimientos.
Ante la demanda de hacer pública su declaración de impuestos, Trump reviraba con la promesa de que tan pronto como terminara una auditoría de la que supuestamente era objeto, la haría pública. El 14 de marzo de 2017, la periodista Rachel Maddow anunció que tenía la declaración de impuestos de Trump. Pero lo que llegó a sus manos fueron las dos primeras páginas de la forma 1040 del año 2005, cuando Trump estaba aplicando para obtener la visa para su tercera esposa, Melania. Esta declaración de Trump le llegó por correo al periodista David Cay Jonhston. La Casa Blanca confirmó que la forma efectivamente pertenecía a Trump y que había sido obtenida de manera ilegal. De cualquier forma, dicha declaración es solo un resumen del dinero obtenido y los impuestos pagados por el magnate. El resto de las formas que se adjuntan a la 1040 no fueron liberadas. De haber sido así, el pueblo estadounidense sabría de dónde provinieron los dineros de esa declaración.
El Congreso de los Estados Unidos tiene el poder de solicitar al Departamento del Tesoro las declaraciones de impuestos del presidente invocando el interés público. Y, efectivamente, a la luz del debate para modificar la ley de impuestos, una iniciativa propuesta por el representante Bill Pascrell Jr. (demócrata por Nueva Jersey) proponía hacer uso de ese poder. Su iniciativa fue parada en seco por la mayoría republicana que la consideraron como una “invasión a la privacidad” del Sr. Trump.
El 2 de abril de 2018, Joy Crane y Nick Tabor publicaron en New York Magazine un compendio de los conflictos de interés que Trump, su familia y su gabinete podrían haber estado cometiendo desde el día de la inauguración del presidente # 45 de los Estados Unidos. El compendio incluye millonarios préstamos, ventas de lujosos condominios, modificación o eliminación de los reglamentos de uso de agua en campos de golf, la otorgación del uso del nombre Trump a proyectos en el extranjero, entre muchos otros. A continuación, comentaremos algunos de ellos incluidos en el artículo de Joy Crane y Nick Tabor: 501 Days in Swampland.
El Hotel Trump en Washington DC ha incrementado la renta de sus cuartos en un 60% desde el día de la inauguración. Pero no son solo las jugosas ganancias que el hotel está generando, sino lo que se ha estado cocinando en ese edificio. Así, el 4 de octubre de 2017, tuvo lugar una reunión entre altos ejecutivos de la Asociación Nacional Minera y tres miembros del gabinete de la administración Trump: Wilbur Ross, secretario de Comercio, Alexander Acosta, secretario de Trabajo, y Rick Perry, secretario de Energía. En esta reunión, Perry afirmó que el presidente buscaba revivir el carbón como “vital recurso” energético. Cinco días después, la administración Trump anunció que eliminaría el Plan de Energía Limpia de Obama, mismo que buscaba remplazar el carbón con energía solar y eólica.
A la fecha, Trump ha realizado más de 90 visitas a sus propiedades a un costo que sobrepasa los 20 millones de dólares. El avión presidencial (Air Force One) le cuesta al erario público $142,380 dólares por hora. Su solaz favorito es Mar-a-Lago, su hotel y campo de golf en la Florida, el cual no solamente le proporciona descanso sino copiosas ganancias. Así, el 31 de diciembre de 2016, se celebró la fiesta de fin de año cuyos boletos se vendieron en $525 dólares. Lo que le representó una ganancia de $400,000 dólares en una sola noche. Al año siguiente, los boletos se vendieron en $750.00 dólares. Los costos por alumbrado y renta del toldo fueron de $26,000 dólares pagados con dinero del erario. El 9 de enero de 2018, la Casa Blanca anunció que abrirá la explotación de pozos petroleros en todas las costas de la unión americana, con excepción de la Florida.
La construcción de un oleoducto en Dakota se autorizó en marzo de 2016. Ante las protestas de indígenas americanos y campesinos de Iowa y Dakota, la administración de Obama consideró cambiar la ruta por su impacto ambiental y porque el oleoducto cruza tierras sagradas de las naciones Meskwaki y Sioux. Sin embargo, el 24 de enero de 2017, Trump firmó una orden ejecutiva para acelerar la construcción de este oleoducto y el de Keystone XL. Las acusaciones por conflicto de interés surgen ante el hecho de que Trump posee acciones en Energy Transfer Partners, la compañía constructora del oleoducto. Aunque sin ofrecer pruebas, Trump afirmó que vendió sus acciones de ETP en el verano de 2016. El 9 de diciembre de 2017, Oxbow Carbon, una de las compañías energéticas beneficiaria del acueducto de Keystone XL, realiza su fiesta de gala en Mar-a-Lago.
El 6 de abril de 2017, también en Mar-a-Lago, tuvo lugar una reunión de Trump con el presidente de China, Xi Jinping. A esta reunión asistió también su hija, Ivanka Trump. Ese mismo día, China le aprobó tres marcas comerciales a Ivanka. Un mes después, el 5 de mayo, Trump expedita visas para extranjeros que inviertan medio millón de dólares en Estados Unidos. Al día siguiente, la hermana de Kushner, el yerno de Trump, promete este tipo de visa a ciudadanos chinos que deseen invertir en sus propiedades en Nueva Jersey.
El 17 de julio de 2017, la administración Trump incrementó el número de visas H-2B (para trabajadores extranjeros). Días después, el hotel Mar-a-Lago solicitó 76 visas H-2B aun y cuando la oficina de empleo tenía más de cinco mil aplicaciones de ciudadanos norteamericanos calificados para realizar el trabajo.
El 16 de octubre de 2017, el grupo GEO que es una compañía encargada de administrar prisiones, realizó su reunión anual en el Hotel Trump National Doral. La compañía había donado $450,000 dólares a la campaña e inauguración de Trump. Un mes después de su inauguración como presidente, Trump eliminó la prohibición de prisiones privadas. GEO recibió un contrato por 110 millones para construir una nueva prisión para inmigrantes en Texas y 44 millones para operarla. A principios de 2018, el Buró de Prisiones anunció que recortará seis mil puestos de trabajo y que transferirá reos a cárceles privadas.
La cereza en el pastel la ha puesto la actual Secretaria de Educación, Betsy DeVos quien es inversionista de Performant Financial, una de las dos únicas compañías a quienes el 12 de enero del presente, la oficina a su cargo les otorgó $400 millones en contratos para cobrar préstamos estudiantiles en moratoria.
Hasta el momento, los republicanos mantienen un silencio tan profundo y tenaz ante la avalancha de infracciones del presidente que la única voz disidente de entre sus filas, la del senador por Arizona Jeff Flake, apenas y se escucha: “Nosotros creamos a Trump y ahora lo justificamos. ¿Cuándo pararemos?”
P.S. Scott Pruitt es el director de la agencia de protección ambiental (EPA Environmental Protection Agency). Desde su nombramiento ha generado bastante controversia, pues el ahora encargado de proteger el ambiente es un individuo que niega el cambio climático y que como procurador general en Oklahoma demandó en varias ocasiones a la agencia. La función actual de Pruitt ha sido la de derogar todas las protecciones de la era Obama. Así, empezó en su cargo despidiendo a los científicos, realizó viajes costosísimos con el dinero del erario, renta jets particulares, les ha dado aumentos salariales a dos de sus amigos empleando el presupuesto para combatir problemas de contaminación del agua, como es el caso de Flint, Michigan. La más reciente de sus derogaciones es relativa al control de las emisiones de gases de los vehículos de combustión.
12 de abril de 2018
Académicxs43 