Sin duda se ha escrito y dicho mucho sobre la llamada «adopción de fin de semana» que Mariana Rodríguez Cantú y su esposo Samuel García, gobernador actual del Estado de Nuevo León, protagonizaron llevándose a su casa a un menor de cinco meses del Albergue Capullos del DIF. Incluso, una alumna de periodismo del Tec de Monterrey me comentó que el tema estaba algo quemado. No obstante, me interesa explorar las preguntas que surgen tras la controversia y poner en perspectiva los posibles impactos del escándalo político-mediático.
Puede afirmarse que el caso habría pasado desapercibido si no hubiese sido por la amplia difusión que dieron a la estancia del menor en sus cuentas oficiales de las redes sociales, en particular en Instagram. Incluyeron allí fotografías, videos y comentarios, en su mayoría de corte intimista y maternal en la residencia de la pareja gobernante. Todas las publicaciones eran alusivas al menor en diversos momentos de cuidado, sin protección alguna de su identidad y datos personales, tales como su nombre, su rostro y su condición de discapacidad.
La división de la opinión local es palpable en los cientos e incluso miles de comentarios que alcanzaron algunos post durante y después del fin de semana del 14 de enero. Las opiniones son extremadamente divergentes, pero pueden distinguirse al menos tres grandes posturas.
En primer lugar, están las que felicitan a la funcionaria por su loable acto humanitario al dar acogida y ayudar a un niño, y por su trabajo en DIF Capullos desde el inicio de la gubernatura en septiembre de 2021, en el que sobresale la visibilización de las condiciones materiales de las instalaciones, de los cuidados que son proporcionados a las infancias bajo tutela jurídica del DIF estatal.
Enseguida están aquellas voces que critican la exposición del menor en condiciones de vulnerabilidad, aludiendo a la violación de sus derechos como infante, a la revictimización de la que estaba siendo objeto, y finalmente a su empleo como mercancía política (electoral) y/o económica a través de la monetización en las redes sociales. Solo en la plataforma Instagram, Mariana Rodríguez cuenta con 2.3 millones de seguidoras y seguidores, lo que supone un rédito económico para las marcas que promociona y para sus niveles de popularidad.
En un tercer grupo, están las posturas que reclaman a los del segundo grupo por criticar el caso bajo cualquier argumento, cuando ellos mismos no hacen nada por las infancias en condiciones de vulnerabilidad, tales como las que habitan el Albergue DIF Capullos.
En cuanto a las voces críticas, se ha señalado el beneficio económico de un contenido que no parece casual, sino precisamente calculado y profesionalmente realizado para su difusión en redes digitales, descartando la ignorancia o desconocimiento de la pareja en el poder acerca de titularidad de derechos de las infancias, así como de las posibles infracciones a los derechos humanos del menor. En este sentido, llamaron la atención las publicaciones con el uniforme del equipo Tigres que porta a su vez otras marcas comerciales y los zapatos color naranja fosforescente que aluden al color del partido Movimiento Ciudadano, con el que Samuel García llegó a la gubernatura.
Las reacciones institucionales, tanto gubernamentales como de organizaciones no gubernamentales, no se hicieron esperar. El mismo domingo 16 de enero, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) manifestó su preocupación por el hecho y por la “exposición excesiva e innecesaria de este niño”, recalcando la calidad de funcionaria pública de Mariana Rodríguez, como titular de la oficina AMAR a Nuevo León, así como la posible afectación a los derechos del menor en términos de la Ley general de derechos de niñas y niños, la cual prohíbe en sus artículos 68 y 80 la difusión de imágenes de niñez, en especial cuando son víctimas.[1] La REDIM también solicitó la valoración del caso por parte del DIF estatal y nacional, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La directora ejecutiva de REDIM señaló, en conferencia virtual[2], que los derechos a la vida privada, a la identidad y a la protección de los datos personales del infante se infringieron por este acto, trastocando también el significado del derecho a vivir en familia de las infancias. Según su análisis de los protocolos de adopciones y visitas, se incumplió con la normatividad vigente, ya que no existe la figura de adopción temporal o de acogimiento familiar de fin de semana sin la existencia de un vínculo familiar (además, los permisos se otorgan generalmente a partir de los 6 años de edad del menor). Por su parte, la organización internacional Save the children añadió en su crítica al caso que incluso existe el riesgo de la configuración del delito de trata con fines de explotación comercial por el uso de la imagen del menor en sus publicaciones en redes sociales.[3]
A pesar de que aluden a la figura de permiso de convivencia de fin de semana, ambos funcionarios públicos–garantes de derechos, en este caso los derechos humanos de las infancias, hasta ahora han respondido con nula seriedad al extrañamiento de distintas organizaciones de la sociedad civil. De igual manera se desconoce la respuesta al exhorto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León al DIF estatal para proteger la identidad de menores de edad, y a la investigación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) del Sistema DIF de los posibles derechos vulnerados y las posibles denuncias que tengan lugar.
Las investigaciones siguen su curso, en medio de una discusión pública sobre lo que es posible en términos legales y lo moralmente aceptable en las circunstancias particulares de la pareja en el poder.
Independientemente del posible desvío de la atención del hecho en sí y de sus responsables, pongo en balance la instalación de mesas de trabajo para revisar y mejorar los protocolos jurídicos de reintegración familiar y de adopción de infancias bajo tutela del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a nivel estatal, como uno de los impactos de la controversia político-mediática. En la primera de ellas, realizada el 24 de enero, con miembros de los poderes legislativo y judicial, el Gobernador y su esposa, como titular de AMAR a Nuevo León, plantearon propuestas para eliminar burocracia y agilizar los trámites en materia de adopciones; como resultado de la mesa se propuso modificar la Ley de adopciones del Estado[4]. Además, el propio gobernador del Estado ha declarado el resurgimiento del interés de cientos de familias por convertirse en familias de acogida, pero sigue siendo cuestionable el tinte asistencialista y la falta de enfoque de derechos de las infancias en esas declaraciones.
Sin embargo, a más de dos semanas de un hecho que ha llenado nuestras pantallas y discusiones, sin que hasta hoy haya clara información de su seguimiento institucional, surge la perspicacia acerca de lo que dejamos de ver y discutir en este tiempo. ¿Será que asuntos como este -tan serio como la irresponsabilidad de los gobernantes involucrados- se usan como distractores del cúmulo de otros igual de graves, como la crisis por la escasez de agua que padece el estado, con las presas en los niveles más bajos de la última década; la grave contaminación ambiental que aqueja al Área Metropolitana de Monterrey; y la reciente ola de violencia que ha resultado en más de 20 asesinatos en lo que va del año?
Como nos lo sugiere el colega Rodo García en nuestra primera editorial del año, tal vez es hora de que comencemos a mirar hacia arriba, para que la política fosfo[5] no siga evadiendo los problemas reales de la entidad.
01 de febrero de 2022
libertadchavez@gmail.com
[1] REDIM (2022, 16 de enero). Preocupa la nula perspectiva de derechos de la niñez en la extracción de un bebé por parte de una funcionaria pública en Nuevo León
[2] Centro Civitas (2022, 18 de enero). Los derechos de las niñas y niños ante la exposición con REDIM. Civitas Talks. Ponencia de Tania Ramírez Hernández (YouTube).
[3] Save the children (2022, 17 de enero). Acerca del caso en Nuevo León
[4] Infobae (2022, 25 de enero). Samuel García y Mariana Rodríguez buscan modificar ley de adopciones en Nuevo León.
[5] Sugerimos dos editoriales anteriores: de López Feldman y de Irazuzta.
Académicxs43 