Garantizar la seguridad pública y otorgar tranquilidad a los habitantes de Nuevo León y su capital ha sido cometido no sólo de los gobernantes. La hoy reconocida sociedad civil ha tenido en el pasado una participación excepcional, poco valorada. Tanto, como la que en estos días llevan a cabo integrantes de la actual sociedad civil, quienes desde distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente, o en defensa del patrimonio urbano y sociocultural llevan a cabo su quehacer, pese al disimulo y falta de respaldo de las autoridades competentes.
Referencias de participación ciudadana en tareas de seguridad se remontan a los lejanos años de 1828, cuando los vecinos de Monterrey debían turnarse en las rondas de vigilancia nocturnas para mantener el control sobre los robos en la ciudad, así como observar y hacer cumplir las ordenanzas que prohibían fiestas sin autorización del cabildo e impedir los gritos descompuestos que perturbaran el sosiego nocturno.
El anterior pasaje resulta bucólico ante un acontecimiento que alteraría la vida social de pueblos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas durante gran parte del siglo XIX, dejando honda huella entre sus habitantes. Me refiero a la constante y violenta incursión de grandes contingentes de Comanches y Apaches arrasando pueblos, ranchos y haciendas, causando muerte en personas y animales, robo de ganado y secuestro de niños y mujeres. En ese escenario aparecieron lo que hoy llamaríamos grupos de autodefensa, vecinos de Punta de Lampazos; Río Grande, en Coahuila, Revilla, hoy Guerrero, en Tamaulipas; Agualeguas, Pesquería Grande, Boca de Leones, Salinas, Cadereyta y muchos otros defendieron su familia, su ganado y su pueblo a costa de su vida y sus propios recursos. El colega y amigo Omar Andrés Gonzáles Garza, oriundo del pueblo de Arcabuz, en Tamaulipas, nos narró en varios momentos, desde la memoria familiar, uno de esos ataques a su pueblo en el que perdieron la vida sus bisabuelos. Sin embargo, quien nos dejó un minucioso recuento desde la academia fue el historiador don Isidro Vizcaya en su obra Tierra de Guerra Viva. Invasión al Noreste de México 1821-1885.
Al respecto hay que decir, que estos hechos tuvieron origen en la expansión territorial de los Estados Unidos, como resultado de la venta que Francia hizo en 1803 a favor de la Unión Americana de la Luisiana, cuyo territorio se extendía desde el norte del Golfo de México hasta las provincias actuales de Alberta y Saskatchewan en Canadá, representando nada menos que 23% del actual territorio estadounidense, o la suma del mismo en quince estados de la actual unión americana.
Pronto, los nuevos colonos propietarios fueron arrasando montes, bosques, llanuras y eliminando cientos de miles de búfalos. Por consiguiente, empujando hacia el sur a las naciones de indios Apaches, Comanches y otros, que habitaban y tenían sus campamentos en ese inmenso territorio. De esta manera, las naciones de indios referidas llegaron y traspasaron infinidad de veces la frontera del noreste mexicano.
Menos distante, otra experiencia de participación ciudadana en labores de seguridad pública la ubicamos al finalizar la contienda armada llamada Revolución Mexicana. Entre la titubeante recuperación mercantil de Monterrey, la devastación de la agricultura y la ganadería y la hacienda pública en bancarrota, aparecieron gavillas de bandoleros en los alrededores de Monterrey y en distintas regiones del estado, atacando pueblos y rancherías de Galeana, Los Ramones, Villa de García y otros lugares donde la topografía les ofrecía cierta seguridad. Allí, realizaban sorpresivamente incursiones contra la población despojándola de sus bienes.
En este contexto, el gobernador del estado de Nuevo León, Nicéforo Zambrano, diseñó un modelo de seguridad y lo puso en práctica a finales de 1917. Zambrano tenía la certeza de que para restablecer la economía el primer paso era lograr la pacificación y tranquilidad social. Para ello, se propuso crear un Cuerpo de Seguridad en el Estado con el concurso de ciudadanos, comerciantes y empresarios. De comerciantes y empresarios obtuvo un préstamo extraordinario.
Iniciando 1918, el valor del peso mexicano no rebasaba los cinco centavos de dólar. Según datos de la época, Zambrano había logrado reunir para el fondo de pacificación $121,260.49 pesos. Y los hombres que integraron el Cuerpo de Seguridad del Estado, aportaron sus caballos, sus monturas y sus armas. Para tal efecto se realizó un registro personal, también se registró su caballo, así como el tipo de armamento que aportaba cada uno, escopetas, rifles o pistolas. Por los registros realizados, constatamos que los ciudadanos integrantes de dicho cuerpo eran vecinos de los Higueras, Marín, Dr. González, Zuazua y Pesquería y que el mando de este Cuerpo de Seguridad se le otorgó al General Carlos Osuna.
Zambrano concluyó su mandato el 4 de octubre de 1919 y el cuerpo de seguridad se mantuvo hasta finales de los años veinte, a pesar de la inestabilidad política que vivió nuestra entidad, pues en esta década desfilaron seis gobernadores y otros tantos gobernadores interinos.
Precisamente será en el gobierno de Jerónimo Siller (octubre de 1925 a octubre de 1927) donde la participación ciudadana deja de ser visible. Al tiempo que Siller conservaba el cuerpo de seguridad estatal, realizó una reforma al reglamento de policía vigente desde 1898. Reestructuró la inspección general de policía creando el departamento de registro y la gendarmería general; creó la jefatura de servicio secreto, que contaba con veinticinco agentes y, para estar a tono con las nuevas instituciones, fundó la escuela de policía.
Con la institucionalización de la seguridad pública a finales de los años veinte, aunado al crecimiento desmedido de la población regiomontana, resultado de la instalación industrial, la participación ciudadana fue poco a poco puesta a un lado. El reglamento de policía del siglo XIX había dividido la ciudad en secciones, estas secciones a su vez eran divididas en cuarteles y a cada cuartel se le asignaban proporcionalmente una cantidad de manzanas. Los responsables de la seguridad eran vecinos llamados cuarteleros, quienes atendían la seguridad inicialmente de 800 a 900 habitantes. Con la explosión demográfica de las últimas décadas las secciones contaban de 8 mil a 9 mil vecinos y continuaba aumentando. En 1930 la población de Nuevo León era de 417 mil 419 habitantes y en Monterrey vivían 137 mil 338 personas.
Por lo anterior no hubo objeción a la iniciativa del gobernador Siller cuando propuso dividir la ciudad de Monterrey en dos demarcaciones de policía, comprendida una al norte de la calle de Aramberri y la otra al sur de la misma calle, cada una con sus respectivas delegaciones, a las cuales les asignaron jefaturas y personal correspondiente. También se dejaron de usar los caballos para el traslado de los delincuentes y se adquirió un camión para tales propósitos (habría que decir que en estos años se encuentran las primeras referencias del combate al tráfico y uso de drogas heroicas, aunque no se especifica cuáles de ellas y tampoco se especifica en dónde se combate ese tráfico si en la zona urbana o rural).
Aunque no está documentado, es probable que el cuerpo de seguridad creado por Zambrano sobreviviera con el nombre de policía rural, pues en 1939, durante el gobierno de Bonifacio Salinas Leal, se emite un decreto en el cual se otorga el derecho al Ejecutivo del estado para designar y remover el cuerpo de policía de Monterrey, a los jefes y demás miembros de la policía judicial y de la policía rural.
Será también en el gobierno de Salinas Leal, hacia 1943, cuando se enajenen los terrenos del costado norte de la Alameda Mariano Escobedo que albergaban el penal construido en 1887. Se pretendía la venta de esas instalaciones para invertir en la construcción del nuevo penal, mismo que inició actividades en junio de 1945, y en el cual algunos de nosotros más de una vez fuimos a visitar a los presos políticos víctimas de la guerra sucia.
En las últimas décadas ha resurgido con intensidad la participación ciudadana desde distintas organizaciones de la sociedad civil, en una tarea que debía ser competencia del Ministerio Público o de la hoy Fiscalía del Estado, por no mencionar a la Secretaría de Seguridad que para nada da resultados.
A los familiares de los miles de víctimas de la guerra contra el narco, después de realizar investigación, buscar fosas clandestinas, identificar restos humanos; para vergüenza de las autoridades competentes, solo les falta realizar ellos mismos los estudios forenses, pruebas de ADN en el laboratorio y completar las famosas carpetas de investigación. Los ciento noventa y cinco robos a las escuelas públicas denunciados por los padres de familia en el reciente receso navideño, resulta, como decíamos al inicio de este escrito un asunto bucólico ante las decenas de crímenes cometidos en las primeras tres semanas en nuestra ciudad. El Nuevo Nuevo León M.R. quedará en eso, Marca Registrada.
25 de enero de 2022
Imagen de portada: Guerrero comanche. Costumes civils, militaires et réligieux du Mexique. Bélgica 1828
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