Las elecciones federales del 1 de julio han sido ganadas por una alianza electoral que se propone nada más ni nada menos que una “cuarta transformación”: una revolución pacífica que pretende superar, en el mediano y largo plazo, problemas tan fundamentales como la pobreza, la exclusión social y las formas de violencia más cruentas. En el proyecto político de este movimiento figura también la democratización de la vida social y política. Difícilmente el país hubiese alcanzado los niveles de miseria, precariedad socioeconómica y depredación ambiental, si el camino a la grotesca expoliación de la fuerza de trabajo y del medio ambiente no hubiese sido allanado por gobiernos autocráticos, autoritarios y en extremo represivos. Superar este legado totalitario constituye uno de los mayores retos que enfrentará el nuevo proyecto político.
La gobernanza despótica y represiva no es sólo propio del aparato gubernamental. Atraviesa todos los espacios sociales y alcanza a cualquier rincón de la interacción social. La educación superior no se ha escapado de esta lamentable tendencia. Después de una breve primavera democrática durante los años setenta, las luchas encarnizadas por el poder y el control de las instituciones de educación superior (IES) coadyuvaron a pulverizar el auto-gobierno democrático al igual que la autonomía académica y científica. Aunque los órganos colegiados siguen existiendo, en los hechos se encuentran secuestrados por las élites burocráticas y políticas, quienes legitiman allí cualquier proyecto institucional por lesivo que sea a los intereses de la comunidad universitaria. Muchas personas (aunque no todas), quienes han tenido el privilegio de formar parte de estas instancias de autogobierno, saben que no llegaron allí por su sobresaliente espíritu crítico, ni por sus aportaciones a la ciencia o por el voto libre de las comunidades académicas de las que emergieron, sino por su lealtad a los poderes fácticos a cuyos servicios han estado a cambio de algunas prebendas y beneficios.
Sin duda, el Estado neoliberal no ha inventado el autoritarismo ni la autocracia, pero los ha sabido aprovechar para sus propios fines. A través de una alianza con ciertos sectores universitarios –en particular, los altos mandos burocráticos y sectores del profesorado– ha despedazado lo que restó de la autonomía académica y científica, ha precarizado a la planta laboral, ha mercantilizado las funciones educativas y ha intentado obligar a los científicos/as a ponerse a la disposición de las grandes empresas. La lista de los atracos contra la vida universitaria es larga. Y así de largo es también la lista de fracasos (véanse tan sólo los estragos educativos provocados por el ‘nuevo’ modelo educativo en competencias; o el ridículo remplazo de la ciencia básica por la ciencia aplicada ordenado por la burocracia), aunque el discurso mercadotécnico (rankings, certificaciones) pregone lo contrario.
Tristemente, las universidades estatales representan también una debacle humanitaria y social. Las páginas de transparencia, las que albergan las nóminas de escuelas, facultades y dependencias centrales, dibujan un cuadro escalofriante de la galopante miseria y precariedad que reina entre los universitarios, por un lado y de la opulencia en el alto mando, por el otro. Pero la polarización real de ingresos es mil veces mayor de lo señalado por las nóminas. Nadie sabe a ciencia cierta a dónde van los ingresos propios que las universidades obtienen por contratos de prestación de servicios con empresas. Hay un mercado negro donde se venden plazas para aquellos/as estudiantes que no han pasado los exámenes de ingreso. Otro misterio financiero constituye el patrón de proveedores quienes prestan a veces un servicio de dudosa calidad a tarifas muy elevadas. A ello se agregan las relaciones de servicio con empresas fantasmas ampliamente documentadas por la prensa o las concesiones a empresas de seguridad, limpieza y cafetería. ¿Y qué decir de los millones de pesos aportados por la federación pero no comprobados por las universidades públicas, los que son señalados insistentemente en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación? Frente a este escenario desolador…
¿Es racional pensar que la alta burocracia universitaria cuente con la voluntad y la capacidad política, técnica y moral para articular a las instituciones universitarias con un nuevo proyecto de sociedad que es opuesto a la depredación económica y social hasta ahora practicada? ¿Tiene la solvencia moral para renunciar a sus privilegios? ¿Está dispuesta a compartir la toma de decisiones con la comunidad universitaria? Tomando en cuenta que hasta ahora la carrera individual de varias generaciones de administradores universitarios ha dependido de la obediencia a los dictados del Estado neoliberal y de su lealtad a los poderes en turno, ¿es sensato pensar que puedan recuperar su espíritu crítico y su independencia y que renuncien a los controles sobre sus comunidades? El nuevo gobierno, que tomará posesión el 1 de diciembre, va a remplazar a todos los altos mandos en el aparato gubernamental, pero tratándose de las universidades públicas, los mismos mandos, quienes han administrado las universidades según los principios neoliberales, van a continuar. ¿Qué implicaciones tendrá este hecho sobre el futuro de las IES?
Por otra parte, ¿tendrá la comunidad académica y estudiantil la capacidad para reclamar los profundos cambios que requieren las instituciones de educación superior? ¿Está dispuesta a emprender una lucha por la democratización y sabrá sobrellevar las respuestas represivas que sus demandas generarán en la burocracia universitaria? La tarea no se antoja nada fácil, ya que las comunidades académicas han sido asediadas durante más de dos décadas por dispositivos político-burocráticos que las han obligado a competir en el plano individual por recursos institucionales artificialmente escasos (sistema de estímulos por productividad, por ejemplo). Con el tiempo, estos mecanismos de control han destruido los lazos colegiales y han mermado la disposición y la capacidad de cooperar y colaborar solidariamente entre colegas. El uso de la violencia para disciplinar a profesores y estudiantes (acoso laboral y otras formas de violencia en el trabajo), la desprotección de las víctimas de acoso y violencia sexuales o el despido de un/a colega con contrato temporal por una insignificante insubordinación han creado en la comunidad universitaria una conciencia perenne de la extrema vulnerabilidad individual. Hoy, muchos/as trabajadores/as y estudiantes viven con constante miedo. La sensación de precariedad individual desalienta la organización colectiva y fomenta, al contrario, el oportunismo, la auto-censura y una agresividad latente que puede desbordar por cualquier motivo y en cualquier momento contra pares y estudiantes. En suma, las políticas neoliberales han generado profundos cambios en la subjetividad que influyen cogniciones y emociones al igual que la capacidad de soñar una institución distinta, de organizarse solidariamente, de compartir decisiones y recursos, de considerar las necesidades de otros actores y de luchar por una democratización de la vida institucional. Con base en este trasfondo psicosocial, ¿tendrán los individuos y grupos la fuerza y el aliento necesarios para enfrentar el despotismo burocrático? ¿Serán capaces de sobrellevar la ansiedad que surgirá invariablemente al oponerse a un poder fáctico? ¿Soportarán los individuos y grupos insumisos las políticas identitarias que autoridades y colegas sembrarán sobre ellos para desestimar sus reclamos y desalentar su lucha? ¿Serán capaces de controlar sus impulsos narcisistas y agresivos?
No tengo respuesta a estas preguntas. Después de laborar por casi treinta años en una universidad estatal veo las profundas lesiones psíquicas que las políticas neoliberales han generado en los/las universitarios/as. Percibo a diario el miedo, la indiferencia, el afloramiento del narcisismo y la agresividad latente. Veo como pequeños colectivos inconformes transitan de la esperanza a la desilusión, cómo pierden su espíritu luchador y cómo empiezan a recluirse en sus pequeños mundos. Pero también observo como un solo acontecimiento puede detonar repentinamente manifestaciones de descontento que exponen el malestar generalizado en la academia. Los movimientos actuales de los estudiantes de la UNAM, las manifestaciones del alumnado del colegio de sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León o la protesta de las estudiantes del posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano para defender su espacio de trabajo o para contar con un director de tesis calificado, son muestras actuales de ello. Pero para transformar a las IES se requiere de la participación de mucho más actores.
Deja que la libertad reine. El sol nunca se pone sobre tan glorioso logro humano. Nelson Mandela
¿Qué se puede hacer? La formación de colectivos académicos independientes de las estructuras administrativas de las IES –por ejemplo Académicos 43– me parece de fundamental importancia, porque abren espacios de análisis, discusión y organización colectiva que no son controlados por las IES. Es asimismo es imprescindible que las nuevas autoridades educativas a nivel federal investiguen y sancionen severamente la desviación de fondos por quienes resulten responsables en las universidades, que castiguen las prácticas abusivas contra trabajadores y estudiantes universitarios y que garanticen los derechos de los universitarios al momento de presentar una denuncia contra una institución. Democratizar a las universidades significa en primera instancia fortalecer y garantizar los derechos de los individuos. En caso contrario, la democratización sería sólo un sueño guajiro.
17 de septiembre de 2018
Imagen de portada: estudiantes de la UANL marchan en apoyo a los estudiantes de la UNAM. Foto: Melva Frutos . Imágenes interiores tomadas de Internet.
Académicxs43 