Recientes manifestaciones públicas en Monterrey, lideradas por jóvenes, en su mayoría mujeres, exigen espacios libres de violencia sexual y de violencia vial. Demandan espacios como aulas, plazas, calles, banquetas y rutas de transporte libres de acoso y violencia sexual y vial. En esta contribución me pregunto cómo hay que exigir la ciudad que queremos, cómo se manifiesta la solidaridad ciudadana en una ciudad como ésta de 4 millones de habitantes, cómo construimos con nuestros actos y omisiones la ciudad que tenemos.
El pasado miércoles 23 de Mayo tuvo lugar una manifestación pública frente a la Rectoría de la UANL, donde alrededor de 150-200 estudiantes universitarias apoyadas por organizaciones de la sociedad civil, exigieron una vez más –como lo hicieron desde noviembre pasado a través de testimonios en el blog www.acosoenlau.com– acciones reales por parte de la institución ante las múltiples denuncias de acoso sexual en los espacios de la universidad, entre ellas la creación de un protocolo universitario para detener la violencia de género (ver: http://m.multimedios.com/telediario/local/alumnos-uanl-protestan-acoso-sexual.html).
Ante los gritos y carteles con frases como “No más acoso”, “Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto”, “Ni una más” y “Cuando una grita gritan todas”, se obtuvo una respuesta defensiva por parte de las autoridades universitarias, en donde el tono fue de reproche hacia las manifestantes como si fueran ellas, y no los acosadores, quienes manchan el nombre de esta casa de estudios. A dicha manifestación, acudió Carmen Fuentes, Secretaria General de la UANL, en representación del rector, en donde prometió la publicación de un protocolo universitario contra el acoso sexual, ante la incredulidad por parte de las manifestantes de su efectividad para frenar el acoso y violencia sexual, quienes además de eso exigen la creación de un departamento externo a las facultades en donde presentar las denuncias. Tres días después de la manifestación fue publicado en línea el “Protocolo de Atención para casos de Violencia de Género en la UANL” (http://www.uanl.mx/sites/default/files/protocolo_genero_uanl.pdf). Además de la poca claridad del protocolo en cuanto a la definición de violencia de género, acoso y hostigamiento sexual, llama la atención que las denuncias no pueden ser anónimas, que la víctima tiene que acudir forzosamente a narrar los hechos y presentar testigos en caso de que la prueba sea testimonial, que el protocolo solo aplica para actividades ‘oficiales’ de la UANL y sus estudiantes, y que no se mencionan las sanciones que podrían ser aplicadas a individuos acosadores u hostigadores.
Por otra parte, el siniestro vial en el que perdieron la vida Juan Francisco Raúl Villarreal López, conocido como Johnny, y su hijo de 18 meses de edad al desplazarse en bicicleta el 27 de abril, ha significado un duro golpe para los grupos ciclistas regiomontanos, el cual se suma a la indignación por las al menos 7 muertes de ciclistas en lo que va del 2018. Esta pérdida es profundamente lamentable y visibiliza a la vez la poca seriedad con que se han tomado las demandas y gestiones del movimiento ciclista, poniendo de manifiesto, una vez más, los rasgos de la cultura vial: el carro-centrismo, la nula implementación y respeto del reglamento de tránsito y la abierta discriminación de formas no-motorizadas de movilidad, incluyendo traslados a pie y en bicicleta.
Tras la colocación de la bicicleta blanca, símbolo internacional de muertes de ciclistas –esta vez con sillita para infantes– junto con la rodada pacífica el domingo 6 de Mayo por la tarde con paradas exigiendo un alto a la violencia y al caos vial en Palacio de Gobierno, Congreso del Estado y Palacio Municipal, se han suscitado dos manifestaciones más en el lugar del siniestro, a escasas tres cuadras del Palacio de Gobierno, en las que se ha bloqueado el tránsito vehicular, desviando el tráfico por alrededor de dos horas, bajo los gritos de “¡Tu velocidad nos está matando!”, “¡Deja el celular!”, “¡Comparte la vía, el espacio es de todos!”, entre otros. Bloquear el tráfico en Aramberri una de las calles más transitadas del centro que da salida a importantes avenidas como Revolución o Constitución parece un acto radical, sin embargo en la primera manifestación se requirieron apenas poco más de 30 personas con sus bicicletas atravesadas para hacerlo y más de 60 minutos para que arribaran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. Ante la llegada de un funcionario de Concertación Social del Municipio de Monterrey, el diálogo fue rechazado por las personas manifestantes bajo el argumento de que la única demanda estaba ya clara y escrita: hacer respetar el Reglamento de Tránsito Homologado del Área Metropolitana de Monterrey y así eliminar la impunidad y el caos vial que se vive a diario en toda la ciudad (ver: https://www.facebook.com/www.abcnoticias.mx/videos/1649307895118835/UzpfSTYzOTQ3MjQzMzoxMDE1NTE3NTYyMDQ5MjQzNA/).
Las reacciones de peatones y automovilistas ante este acto de protesta han sido diversas, la mayoría continúa su trayecto con gestos apáticos, desviando la mirada al celular o al semáforo en rojo, pocas personas miran al menos con curiosidad la inusual manifestación que se atreve a apropiarse del espacio exclusivo y siempre al servicio del automóvil. Algunos se detienen a leer las demandas en los cartelones, los que exigen pasar en sus carros bajan la mirada cuando se les aclara que ahí mataron a un compañero ciclista con su hijo hace unas semanas y se retiran pacíficamente. En ningún caso la solidaridad alcanza para unirse a la protesta colectiva.
Se sabe que el costo de un solo paso a desnivel alcanzaría para realizar una buena parte de infraestructura ciclista en la ciudad, por lo que el recurso financiero no parece ser el problema. Existe un plan de movilidad ciclista publicado en 2014 que determina lo anterior. Aunque ante ojos de algunas organizaciones civiles, dicho plan ya es obsoleto tanto por la temporalidad de los datos en que se basa como por la nula diferenciación por género de los patrones de movilidad de los mismos; además del reconocimiento de la experiencia de otras ciudades alrededor del mundo que constatan que la creación de infraestructura ciclistas por sí misma no previene siniestros viales, ni pone alto la violencia vial, ni a la impunidad ante las violaciones del reglamento de tránsito.
El horizonte temporal de mis observaciones es corto, sin embargo desde septiembre de 2014, en las manifestaciones por la desaparición forzada de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y las muchas que le sucedieron en torno a la búsqueda de desaparecidos en Nuevo León, he podido constatar la bajísima cantidad de personas manifestantes y la forma en que cada nuevo encuentro, en lugar de llamar a más habitantes a solidarizarse ante la poca respuesta del gobierno, al contrario, disminuye el número en poco tiempo a un núcleo reducido de personas, por lo general las directamente afectadas y/o las convocantes.
Cabe cuestionar: ¿Qué hace falta para colocar un tema en la agenda política?, ¿qué acciones de protesta son necesarias?, ¿cuántas personas manifestantes logran llamar la atención de autoridades y medios de comunicación?, ¿qué hace falta para movilizar a un mayor número de personas a manifestarse ante violencias que afectan su entorno social y su vida diaria?
Además de la invitación de boca en boca, la convocatoria a manifestarse públicamente se realiza sobre todo a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Muchas personas manifiestan su interés o intención de asistir, por ejemplo al “darle like” a una publicación, pero eso no implica una voluntad real, pues la asistencia a las manifestaciones en ambos casos refleja una realidad de participación mucho menos prometedora.
La revictimización y recriminación social se pone de manifiesto en las opiniones expresadas en algunos comentarios a noticias periodísticas sobre el atropellamiento y muerte de Juan Francisco Raúl Villarreal López y su hijo; de pronto no importan los hechos de tránsito ni las infracciones cometidas con impunidad por la persona automovilista, no importa el derecho al libre tránsito ni el derecho a la ciudad en libertad de elección del medio de transporte, ni el hecho de que fuera un ciclista experimentado y que llevaba todos los medios de seguridad necesarios para asegurar su visibilidad (luces, casco, reflejantes, etc.), sino que se critica que iba en bicicleta de noche, que arriesgó a su hijo de corta edad, que conducía solo, entre otras opiniones culpabilizando al ciclista.
En forma similar, las estudiantes que han denunciado acoso sexual en diversas instituciones universitarias – junto a los grupos que les han dado apoyo– han sido puestas en entredicho, y revictimizadas al cuestionar la veracidad de sus testimonios y su rol en la provocación del acoso; ignorando por completo el mecanismo de abuso de poder implícito en el acoso sexual, en el que las posiciones jerárquicas de docentes y alumnas/os son desiguales y siempre en desventaja para las estudiantes. Además, se descalifica de antemano el derecho a espacios universitarios libres de violencia sexual y se invisibiliza el impacto directo e indirecto en las carreras universitarias de las mujeres.
Ante estas manifestaciones, el espacio público se configura como el escenario ambivalente que ha sido caracterizado por la geografía urbana feminista (Wilson 1990) – el cual a su vez desafía nociones binarias de asociación del espacio privado con actividades de mujeres y del espacio público con actividades realizadas por hombres. Por un lado, el espacio público como un lugar de opresión, lleno de limitaciones delineadas por el miedo al acoso sexual y por la constante amenaza de ser atropellado al desplazarse en bicicleta o a pie, permeado por la descalificación ante la presencia de “otros” disidentes, denunciantes, no conformes con la normalización de las violencias contra las mujeres y contra otras formas de movilidad urbana. Por el otro lado, el espacio público se conforma como un lugar de denuncia pública de violencias que podrían quedarse en el ámbito de lo privado y de exigencia del derecho a una ciudad segura y libre, y con ello como un lugar de resistencia y de apropiación de espacios hegemónicos, patriarcales y capitalistas por parte de jóvenes que ponen el ejemplo, ante un Estado prácticamente ausente y una ciudadanía en general apática, inmersa en sus rutinas, que en el Monterrey de hoy no parece ver en la protesta pública una vía para exigir justicia e igualdad.
Desafortunadamente, ¡así vivimos Monterrey!
28 de mayo de 2018
Texto citado: Wilson, Elizabeth. 1990. The Sphinx in the City. London: Virago.
Y por cierto…
Extendemos la invitación a la MANIFESTACIÓN POR UNA CIUDAD QUE GARANTICE MOVILIDAD VIAL Y SEGURIDAD PARA TODAS LAS PERSONAS, este sábado 2 de junio, 7 pm, en Aramberri y Zuazua, Centro de Monterrey. (https://www.facebook.com/events/1794759807283616/)
Académicxs43 
así vivimos en monterrey!!!
chin.. ya no hay moral
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