En días recientes el mundillo de la comunidad científica mexicana volvió a ser motivo de debate nacional por las acusaciones que pesan sobre una treintena de científicos-funcionarios del mal logrado Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil.[1] Este Foro fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hasta que los actuales mandos del Conacyt decidieron cancelarlo, a decir de su dirección, por su ilegalidad y opacidad de origen.
El debate nacional en los medios de comunicación y académicos se centró básicamente en lo que algunas voces denominaron como acusaciones desmedidas de delincuencia organizada que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a los científicos-funcionarios del Foro Consultivo por el presunto desfalco financiero documentado por Conacyt. El episodio judicial ha servido, entre otras cosas, para que un sector más amplio de la sociedad se entere de lo que sucede en el mundillo de la ciencia mexicana. También reavivó el debate sobre la disputa por la política científica en México.
Debido al debate abierto por las autoridades y algunos medios periodísticos independientes, quienes integramos la comunidad académica nos enteramos de las transferencias millonarias (41 mil millones de pesos) de Conacyt a particulares y empresas. Por ejemplo, entre 2008-2020 la empresa RH México Simulation and Training recibió 1 mil 531.6 millones de pesos; IBM, Monsanto, Kimberly-Clark –que tuvo como presidente a Claudio X. González Laporte–, Whirlpool, Sigma, DTM Tecnologías, Planetarias digitales, ITESM, 980 millones. Los proyectos apoyados tuvieron poca o nula relación con los problemas nacionales.[2]
Nos enteramos que una parte de la actividad científica está muy relacionada con asesorías y consultorías a las grandes empresas transnacionales o a dependencias del gobierno, tareas que pervierten la actividad científica y evidencia un mal uso de los recursos públicos. Por ejemplo, se ha documentado que el Foro Consultivo desaconsejó rescatar los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos, prestándose a legitimar la política de los gobiernos neoliberales.
También se ha prestado atención a la caduca y corrupta estructura laboral en la academia y la ciencia. Estructura en la que la mayoría de los académicos-científicos se encuentran en una situación de precariedad laboral y una elite dorada goza de muchos privilegios como altos salarios, viajes al extranjero, financiamientos a la investigación y descargas académicas.
Asimismo, nos enteramos de la enorme fuga de conocimiento del país. El éxodo de talentos mexicanos, según Avilés (2009) es de varios cientos de miles de profesionistas que le han costado al país miles de millones de pesos en su formación. Sabemos aún más, señala Sergio Zermeño (2010), sobre lo borroso que se vuelve el sentido y la utilidad de las inversiones en muchos terrenos de la investigación de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Desconocemos, ¿en dónde somos competitivos? ¿qué patentes producimos? ¿cúal es el sentido de esas patentes que sabemos de antemano que están destinadas a fugarse en caso de que muestren alguna utilidad?
Con el cambio de gobierno en el 2018, un grupo de científicos y académicos incrustados en las administraciones neoliberales del Conacyt pasaron a ser opositores del nuevo régimen político, generando acciones para mejorar su posición en el reparto de los recursos y de los espacios de poder académicos y científicos, como la permanencia y continuidad del mismo Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, la continuidad del financiamiento a ciertas líneas de investigación científica y tecnológica, la permanencia de los Fideicomisos para los Centros de Investigación Conacyt, la exigencia para continuar los subsidios públicos a las universidades privadas a través de los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores. En tanto, los aliados del actual régimen demandan democratizar el ejercicio del presupuesto para la ciencia y la academia, replantear la política de ciencia para que atienda los problemas nacionales, transformar la caduca y corrupta estructura del mercado laboral en la academia y, en general, poner fin a los privilegios y la corrupción en el ámbito académico y científico.
El conflicto en el mundo científico que estamos presenciando devela los antagonismos profundos en la academia y la ciencia mexicana, que tomando prestada la idea de Viviane Brachet (2001), son regulados por el Estado y es el que define “quién obtiene qué”. Pero al tener un componente simbólico de “quién debería obtener qué y quién, de hecho, obtiene qué” deriva en conflictos como el que estamos presenciando en el mundo científico.
Sin embargo, los problemas que han aflorado en el mundo científico que gira en torno al Conacyt languidecen frente a los que suceden en las Universidades Públicas. Esperemos que más temprano que tarde el gobierno tome la decisión de llevar la cuarta transformación a las universidades públicas del país, que hoy, son espacios académicos y administrativos en los que permea la corrupción a gran escala, el ataque a la dignidad de los profesores que sobreviven con bajos salarios e inestabilidad laboral, además, con una producción científica en su mayoría desvinculada de las necesidades de la sociedad.
5 de octubre de 2021
Referencias:
Avilés, Karina (2009) «El costo de la fuga de cerebros». En https://www.voltairenet.org/article159298.html
Brachet-Marquez, Viviane (1996), El Pacto de Dominación, México. El Colegio de México.
Zermeño, Sergio (2010), Reconstruir a México en el siglo XXI, Océano, México
[1] La mayoría de los acusados fueron altos funcionarios del Conacyt en pasadas administraciones: Enrique Cabrera se desempeñó como director de Conacyt del 2013 al 2018; Julia Taguaña dirigió el Foro Consultivo y Tecnológico, A.C.; Víctor Gerardo Carreón Rodríguez fue director adjunto de Planeación de Conacyt; María Dolores Sánchez Soler fue directora Adjunta de Posgrado y Becas en Conacyt; Miguel Guajardo Mendoza estuvo en Conacyt de 2014 a 2018, primero como Director de Análisis Estadístico y Evaluación y luego como Director Adjunto de Planeación y Evaluación; Luis Gabriel Torreblanca se desempeñó como Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación en el Conacyt de inicios 2013 a febrero de 2016; Rosa Eugenia Sandoval fue directora de Información en el Conacyt; Regina María Alarcón fue directora de Planeación de Ciencia en Conacyt; Mauricio Francisco Coronado García fue director de Análisis Estadístico y Evaluación del Conacyt; Elías Micha Zaga desde 2013 era director general adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt; Julio César Ponce Rodríguez fue titular de la Coordinación de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica del Conacyt; Lorena Archundia Navarro fue la directora de Cátedras Conacyt; Rafael Pando Cerón fue director de Planeación Tecnológica del Conacyt; Teresa de León Zamora, fue directora de comercialización de tecnologías del Conacyt y Jorge Antonio Villegas Rodríguez fungió como director de Desarrollo Estatal y Regional del Conacyt.
[2] El lector podrá consultar la investigación periodística sobre las presuntas ilegalidades del Foro Consultivo en https://poderlatam.org/project/la-mafia-de-la-ciencia/
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