En el marco del desabasto de gasolina sobrevino la tragedia de Tlahuelilpan y las acusaciones, chantajes políticos y opiniones infundadas no se hicieron esperar. En los días sucesivos predominaron las opiniones (algunos les llaman análisis) acusatorias hacia los habitantes de Tlahuelilpan (de delincuentes e ignorantes no los bajaban); otras hacia la corrupción de PEMEX (empezando por sus directivos, pasando por el líder sindical y terminando con el último de sus obreros), y otras más al mismísimo presidente y su acto de haberle pegado al avispero del huachicol.
Personalmente la pregunta que me hacía giraba en torno a la relación entre la política en contra del huachicoleo y la explosión en aquel municipio de Hidalgo. La respuesta que me daba era: quienes organizaban el robo de combustible en Tlahuelilpan no estaban ahí para organizarlo ese día, por eso lo que antes no sucedía (explosiones que matan a decenas de personas), ahora había ocurrido.
La hipótesis de la desorganización de lo antes organizado no debe ser tomada como una acusación hacia los ahí incendiados, fallecidos y heridos. Tampoco me interesa apelar, como se hizo en muchos lugares, a la pobreza, ignorancia o precariedad de la población de Hidalgo. Más bien, la desorganización señala hacia la participación de personajes que sabían cómo, cuándo, dónde y con permiso de quién robar combustible; y de otros que sabían a quién y a cuánto comprarlo.
La tragedia de Tlahuelilpan evidencia la complejidad de la organización de redes ilícitas en las cuales convergen actores legales e ilegales de altos rangos. Al respecto de esta forma de hacer funcionar la economía, Beatriz Hibou (2015) explica que la criminalidad no es lo contrario de la legitimidad estatal, y que no existe un estado monolítico ni una organización criminal monolítica, más bien ambos son parte de una red que involucra actores estatales y no estatales, legales e ilegales. El Estado, y particularmente el neoliberal, más bien sirve como fino administrador de intereses privados (también muy finos) que combinan legalidad e ilegalidad.
En este sentido, al huachicoleo no se le puede equiparar discursivamente con el narcotráfico entre otras cosas porque el segundo se trata de traficar con una mercancía ilegal (drogas), mientras que el primero lo hace con una de tipo legal. El primero no le roba al Estado la mercancía, el segundo sí. Por ello, no es pertinente criminalizar el huachicoleo de la manera en que se hizo, deliberadamente, con el narcotráfico. En el robo de combustibles más vale dirigir la mirada hacia los actores legales (públicos –PEMEX, similares y conexos- y privados –millonarios empresarios gasolineros) que intervienen en las redes que roban al Estado una mercancía que después de haber truqueado (huachicolear es mezclar la gasolina con otros líquidos sólo para aumentar su volumen) es vendida en la economía formal-legal.
De momento los únicos acusados que conoce la opinión pública son los habitantes de Tlahuelilpan, quienes vivirán con el estigma por generaciones, pero todavía no conocemos a quienes desde dentro del Estado y de la iniciativa privada han organizado el robo sistemático al Estado. Lo que es un hecho es que casi todos hemos comprado gasolina robada, y que muchos de los que ahora dicen que desconocían este delito se quedan sin argumentos para demostrar su ceguera. Yo, por lo pronto, me empiezo a preguntar si la carne que como es en realidad de res y no de caballo, como tanto se rumora. Después de todo, en un país con niveles de corrupción tan altos ¿por qué no habría de ser así?
5 de febrero de 2019
Referencias:
Hibou, Beatric (2015), “El delito económico y los modos neoliberales de gobierno: el ejemplo de la región mediterránea”, Revista Colombiana de Antropología, vol. 51, no. 1: 161-189.
** Foto de portada: Venta de huachicol al menudeo
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