En octubre pasado fue publicado en un suplemento del NY Times el artículo “Mexico’s Record Violence Is a Crisis 20 Years in the Making”[1]. En vista de mi desacuerdo con el punto de vista de los autores, me di a la tarea de elaborar una respuesta apoyándome en algunas ideas que desarrollé en la introducción de un libro que coordino y que será publicado en el segundo semestre de 2018. Posteriormente, esta respuesta fue publicada en el espacio electrónico LASAforum[2] de la Latin American Studies Association. Por considerarlo pertinente para la línea editorial que seguimos en Vozes43, me permito publicar aquí la versión en español de mi respuesta.
En relación al reportaje “Mexico’s Record Violence Is a Crisis 20 Years in the Making”, firmado por Max Fisher y Amanda Taub, y publicado el pasado 28 de octubre en su diario, me permito emitir el siguiente comentario.
El texto refiere que el aumento en los índices de actos violentos en México se debe a hechos puntuales y a su vez azarosos. Considero que no. La situación de aumento de hechos violentos debe ser entendida como un proceso diacrónico sí, pero estructural también; nacional e internacional sí, pero global también. En ese proceso los cambios políticos han sido importantes, pero tanto estos como el Estado mexicano mismo, han estado supeditados a cambios económicos drásticos y dramáticos en términos de sus consecuencias sociales.
Para analizar la situación de aumento de la violencia, inseguridad e impunidad no podemos abordar al Estado mexicano como uno “fallido”, “colapsado”, “frágil” o “débil”, como si fuera “víctima” de una “mafia” o de una “delincuencia organizada”. La historia, y lamentablemente el presente también, demuestra que el Estado mexicano, como casi cualquier Estado, se ha hecho y se rehace cotidianamente a través de relaciones y actividades de muy diversos tipos, incluyendo aquellas de tipo criminal y mafioso. Entonces, presentar al Estado como una institución que ha intentado actuar en contra de la delincuencia como si ésta fuera un ente separado del Estado, y además decir que lastimosamente ese Estado ha fallado en su honesta lucha, es darle al Estado mexicano una posición que no le corresponde.
Las acciones que el Estado mexicano ha emprendido en su supuesta lucha en contra del narcotráfico se han caracterizado por el uso ilegal de la violencia, el sistemático abuso de autoridad y la violación a los derechos humanos. Hay bastantes elementos para deducir que el Estado mexicano no está actuando en contra de una supuesta “delincuencia organizada” sino más bien a favor de intereses combinados con la economía de las drogas, la política internacional de los Estados Unidos (Iniciativa Mérida), las transformaciones económicas (“reformas estructurales”) del proyecto neoliberal ejecutados localmente tanto por el PAN como por el PRI pero impuestos por organismos internacionales, y la permanencia del status quo en uno de los países con los mayores niveles de corrupción, impunidad y desigualdad en el mundo. En este marco, el aumento de los actos violentos y la inseguridad resulta en la militarización de la vida social, la privatización de la seguridad individual, el aval al abuso de autoridad como método de control social, así como en el miedo como estado permanente de la población. La calidad de vida, los derechos económicos, laborales y civiles se fragilizan, al tiempo que el Estado refuerza su poder de control y de ejercicio “legal” de la violencia. Al final, es justo preguntarse si el resultado de “la guerra contra el narco” significa un “fallo”, un “error” o “mala suerte” para el Estado mexicano; o si más bien representa la condición ideal para dar entrada llana a las políticas de transformación económica neoliberal (en México hay estudios académicos que demuestran la coincidencia, por ejemplo, entre territorios ricos en minerales y gases, el desplazamiento de grandes sectores de la población, y la militarización. Esta última, como se demuestra también en otros estudios, ha funcionado como método para amedrentar o para actuar en contra de brotes de protesta social en un contexto en donde el Estado goza de mínimos niveles de legitimidad social). De ser así, más que pensar en un Estado que “lucha” sin éxito en contra de “la delincuencia organizada”, habríamos de pensar en un Estado y una “delincuencia organizada” que actúan de manera conjunta en pos de intereses comunes muy alejados de aquellos del “Estado democrático” al cual se alude en la nota. En el caso del mexicano, se trata de un Estado que en realidad tiene todo bajo control para dar paso al juego de intereses a los cuales ha terminado por supeditarse. Por cierto, tal vez el más grande de esos poderes, y el cual es omitido en el reportaje en cuestión (no se dice nada sobre la Iniciativa Mérida o el tráfico de armas hacia México), es el gobierno de Estados Unidos.
5 de febrero de 2018
[1] http://mwr.nytimes.com/images/100000005468259/2017/10/28/world/americas/mexico-violence.html Versión en español: “El récord de la violencia en México es una crisis que comenzó hace 20 años” disponible en https://www.nytimes.com/es/2017/10/28/violencia-mexico-interpreter-homicidios-record/
[2] https://lasa.international.pitt.edu/esp/forum/ La publicación de mi escrito se puede consultar en http://lasa.international.pitt.edu/forum/files/vol49-issue1/Editor-Letters-2.pdf
Académicxs43 