El saqueo capitalista contra los pueblos tiene innumerables rostros. Esta vez me permito bosquejar un caso concreto muy local, no faltará quien diga que hasta pequeño o irrelevante, sentipienso que no hay lucha pequeña, que no existe despojo que pueda considerarse trivial. Toda lucha importa, toda lucha tiene algo qué enseñarnos. Compartiré con ustedes algo que está sucediendo ahora mismo en los territorios del Municipio de General Cepeda.
Un poco de historia
Estas tierras forman parte de la Región Sureste del Estado de Coahuila y están enclavadas en pleno Desierto Chihuahuense. El Municipio tiene una extensión de 2,646 kilómetros cuadrados. Conforme el Censo General de Población 2020, existen en el municipio 40 comunidades con más de 30 pobladores, cuenta con 11,898 habitantes, de los cuales 5,535 radican en la cabecera municipal.
A partir de la violenta irrupción de los conquistadores europeos, a finales del siglo XVI, se impuso a estas tierras y a sus pobladores semi nómadas, cazadores y recolectores, una brutal guerra de exterminio cuyas últimas batallas tuvieron lugar, muy tardíamente, en el primer cuarto del siglo XX.
Al no encontrar yacimientos mineros, conforme se adueñaban del territorio, los conquistadores impusieron de manera gradual su agricultura peninsular basada en trigo, cebada y avena. Años más tarde, con la llegada de sus aliados tlaxcaltecas y de otros pueblos, se desarrolló una agricultura muy semejante a la de la milpa mesoamericana, basada en maíz, frijol, calabaza, chile, jitomate y otras plantas comestibles, medicinales y aromáticas, cultivos que se asociaron con el aprovechamiento del maguey pulquero y de árboles frutales.
En forma paralela tomaron su sitio actividades ganaderas (cabras, reses y equinos), de las que derivó una arraigada cultura quesera. Labores forestales, como el tallado de ixtle o fibra de lechuguilla, palma yuca y samandoca, la recolección de orégano y piñon, el beneficio de la cera de candelilla y, por temporadas, de guayule.
A finales del siglo XIX, el censo arrojó nueve mil habitantes, dos mil de ellos en la cabecera municipal. Operaban en la entonces Villa de Patos, tres molinos de trigo (se conserva todavía la finca conocida como Molino Colorado), prosperaban numerosos artesanos que confeccionaban cobijas de lana, trabajaban la madera para fabricar muebles, monturas y carretas; los caleros sabían quemar piedra bola azul de río para producir cal, cuatro talabarteros trabajaban la baqueta y la piel, había también zapateros y soldadores, funcionaban dieciocho tiendas mixtas, un montepío, dos sombrererías, dos panaderías, una posada, una pulquería y quince sastres. El telégrafo empezó a funcionar en 1882. En resumen, florecía en el poblado una vida social y económica local relativamente próspera.
La hacienda porfirista puso en marcha un esquema productivo en estas tierras semi desérticas que floreció desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del XX, cuando fue parcialmente desmantelado durante el sexenio cardenista. El reparto agrario dio origen a numerosos ejidos que supieron seguir viviendo sin dañar el desierto, adecuando a sus necesidades y saberes algunos modos ancestrales de trabajo forestal, agricultura y ganadería. La vida social, económica y política siguió su curso por los cauces locales bien conocidos. Se vivía una modesta prosperidad sin desigualdades ofensivas. En todo caso, los ricos de verdad, ausentistas, vivían en Ciudad de México, Monterrey o Saltillo y no se dejaban ver.
Mientras estuvo vigente el llamado Nacionalismo Revolucionario, y el modelo de “desarrollo estabilizador con sustitución de importaciones”, digamos que hasta los años ochenta del siglo XX, las comunidades ejidales pudieron salir adelante combinando la ganadería y el beneficio de productos forestales, con una agricultura de subsistencia centrada en maíz, frijol, trigo, avena, cebada y hortalizas, con una participación, moderada pero significativa en el mercado de excedentes, principalmente de maíz y frijol. Todo ello se fue al traste con las medidas que impuso la tecnocracia neoliberal, a partir de las décadas 80 y 90 del siglo pasado.
La contrarreforma neoliberal debilitó el Derecho Agrario y mutiló el Artículo 27 Constitucional. La población campesina en general y la de nuestra región han vivido desde entonces bajo presión, agresiones y saqueos, para vaciar de campesinos el agro, desmantelar los ejidos, reprivatizar la tierra con potencial productivo, mediante el PROCEDE, la engañosa Plena Propiedad y compraventas abusivas, para crear un nuevo latifundismo, ya no extensivo, sino intensivo en capital y tecnología. Todo ello, “alinea” al país con las exigencias de los tratados de libre comercio que ha venido firmando el gobierno desde 1994.
Las agresiones a los ejidos se concretaron en granos importados que invadieron el mercado procedentes de mega plantaciones agro industriales extranjeras o nacionales, en competencia desleal de la agroempresa extractivista, en exclusión de los ejidos del mercado de excedentes, en las reformas privatizadoras de la Ley Nacional de Aguas, y en una agresiva oferta de empleo precario en las cercanas zonas industriales de Ramos Arizpe, Saltillo y Derramadero. Todo ello ha forzado/propiciado/incrementado la migración campo ciudad y el deterioro del tejido social.
Pueblos mágicos: despojos materiales y culturales.
Iniciado el presente siglo, este saqueo comenzó a mostrar una faceta adicional: el Programa Federal Pueblos Mágicos nació en 2001 durante el gobierno de Vicente Fox, a la fecha sigue siendo una maniobra de saqueo pintada de colorines que, en realidad, gentrifica a los pueblos que todavía conservan algún encanto en sus calles y plazas, su paisaje, sus costumbres y su cocina. Al abrigo de ese programa, las autoridades gastan unos centavos maquillando al poblado hasta convertirlo en un escenario cinematográfico, todo muy lindo y pintoresco, limpio, barrido y hasta arbolado, para el disfrute de turistas riquillos que dejan al pueblo contaminación y basura, porque las ganancias son para otros fuereños: hoteleros, restauranteros y políticos.
Lo contradictorio del programa que pretende llevar “progreso” a tales pueblos es que los pobres estorban, afean el paisaje, de modo que es preciso sacarlos de en medio, quitarles sus casas, mandarlos a barrios escondidos en las orillas, mejor aún, a los cinturones de miseria de ciudades vecinas, para que trabajen en las fábricas como mano de obra barata. Como en muchos otros lugares del territorio mexicano, precisamente esto es lo que está sucediendo ahora mismo en General Cepeda.
Desde los tiempos de Rodolfo Zamora Rodríguez, alias La Chopa, allá por 2015, riquillos y caciquillos han estado buscando que la Cabecera Municipal de General Cepeda sea declarada Pueblo Mágico. Pablo Salas Aguirre, Alcalde en funciones nomás de nombre, porque quien manda ahí es su hermano Juan, del brazo del gobernador Riquelme Solís, ya lo consiguió, en el marco del nefasto proyecto “Vinos y Dinos”. Riquillos y caciques estarán de fiesta, el pueblo, para no variar, está de duelo. Temen con razón más saqueos y abusos.
El Clan Salas
La familia Salas Aguirre llegó a la región cuando el gobierno federal panista trataba de imponer su modelo gerencial de gobernar: privatizar los servicios públicos, privilegiar lo administrativo sobre lo político, administrar los conflictos, eficientar el cobro de impuestos, etc.
El primero en llegar fue el mayor de los hijos de Olivia Aguirre: Juan Salas. Apareció alrededor de 2010, bajo el patrocinio del PAN y del por entonces influyente Luis Fernando Salazar, ex Delegado panista de SEDESOL en Coahuila y ahora suspirante morenista a la Alcaldía de Torreón o a cualquier otro “hueso”. Juan buscó y dijo ponerse a las órdenes de “los líderes morales” del PAN en General Cepeda: Emilio Arizpe y Sofía Ochoa, quienes por años encabezaron la resistencia ciudadana contra el anterior cacique local: Rodolfo Zamora Rodríguez.
Muy pronto, Juan se apoderó del minúsculo PAN local. Una de sus primeras maniobras fue abultar, mediante dádivas y prácticas clientelares, el padrón de militantes de Acción Nacional, repartiendo recursos federales que le suministraba el delegado Salazar. Fue así como en 2017 pudo llegar a la Presidencia Municipal, reelegirse en 2018 y heredar el cargo a su hermano Pablo Salas en 2020. Ahora mismo, el Clan Salas Aguirre amenaza perpetuarse, ya sea mediante la reelección de Juan o candidateando a Noé, el tercer hermano Salas Aguirre, quien por cierto pisó la cárcel “por compra de votos”, durante la campaña de 2018.
En cuanto llegó a la Presidencia Municipal, Juan Salas emprendió una campaña simulada de regularización de numerosas viviendas cuyos propietarios o posesionarios tienen diversas situaciones no resueltas, como intestados, cadenas de compra venta no escrituradas, tratos a la palabra, etc. Acopió escrituras, promesas de venta y otros documentos que le fueron entregados de buena fe por numerosas familias deseosas de escriturar su vivienda.
Durante décadas, estas familias han morado pacíficamente en sus viviendas, sin conflicto con sus vecinos, sin recibir reclamo ni requerimiento alguno. La información privilegiada del Catastro Municipal complementada con los documentos que acopió, permitieron a Juan detectar a las familias más vulnerables, ya sea por la situación jurídica de su vivienda, como por tener algún familiar con problemas de farmacodependencia o alcoholismo. Con esa información en mano, comenzó a desplegar una maliciosa campaña de acoso, intimidación y amenaza contra numerosas familias de la cabecera municipal.
Esta campaña ha consistido en exigir papeles que documenten la propiedad de la vivienda, negarse a recibir pagos de predial y agua, cerrar conexiones de agua potable de uso doméstico, cortar el suministro de energía eléctrica, ostentar escrituras apócrifas, judicializar a familiares especialmente vulnerables, todo, para arrebatarles, a cualquier costo, sus viviendas.
Con la declaración de “Pueblo Mágico”, llegarán empresas turísticas, hoteleras y restauranteras, la familia Salas medrará sin recato con los inmuebles mal habidos, arrebatados a las familias más pobres y vulnerables.
En General Cepeda muchas otras familias se encuentran en peligro de perder su vivienda, hostilizadas y amenazadas por el Alcalde y su familia. El protocolo es el mismo en todos los casos, sólo cambian nombres y domicilios. Pero el miedo está dejando su lugar a una rabia activa que se expresa cada día con más fuerza en una conciencia de organización colectiva en defensa del derecho a la vivienda. ¡No al despojo de vivienda!
31 de octubre de 2023
Imagen de portada: El desierto de General Cepeda, imagen tomada de internet.
* José Luis García Valero es Licenciado en Historia por la UNAM. Desde 2006, radica en el Rancho Agroecológico El Chuzo, Municipio de General Cepeda, Coahuila. Es activista en defensa del territorio y desde 2010 es integrante de Custodios del Agua del Arroyo San Miguel y del Colectivo Sí a la Vida. Participa en el proyecto «Culturas y Territorios Pastoriles. Conocimientos memoria e identidades patrimoniales del Desierto Chihuahuense»
Académicxs43 
Evolucionó en 20 años el desorden y ambicion patrimonialista de esa familia Salas con la protección o al menos la vista gorda de Emilio y su esposa Sofia a quienes creímos que se trataba de gente acomodada y por tanto decente y hasta posiblemente paternalista con los humildes moradores de la cabecera de el municipio, pero con el ambicioso e hipócrita partido azul, se ha abusado de los moradores de este modesto municipio, apadrinando a sus malhechores el no menos simulador Luis Fernando Salazar, con su apariencia de Morenista..
Pero habremos de revertir en lo posible todos los abusos incluyendo la no menos abyecta construcción del basurero tóxico en terrenos del municipio…
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