A partir del Informe de la CoVAJ (Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa) sobre el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se ha desatado un amplio debate en los medios de comunicación sobre la pertinencia de calificar los terribles hechos del 27 de septiembre de 2014 como un Crimen de Estado. Vale la pena intentar abrir una discusión razonada sobre la pertinencia del uso de dicho concepto en la investigación en curso.
La historia de la humanidad está llena de Crímenes de Estado. Sólo para recordar algunos: el holocausto, el genocidio de armenios por Turquía, la matanza de Ruanda. La historia de México también: los asesinatos, persecuciones, encarcelamientos, torturas, cometidos contra movimientos de campesinos, obreros, maestros, médicos, estudiantes (1968), contra la guerrilla rural y urbana durante la llamada Guerra Sucia, contra pueblos indígenas. ¿Alguien podría dudar que estos y otros casos que seguramente se me escapan son Crímenes de Estado? De la misma manera que el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
Y aunque Crimen de Estado no es un delito, pues no se encuentra tipificado en Código Penal alguno, desde mi punto de vista es un acierto de la CoVAJ haber adoptado esa definición. Ciertamente no guarda el rigor de los conceptos jurídicos, sino que se ubica en el pantanoso terreno de la ideología y la política. Aunque, atención, no por intangibles, estas son menos reales. Como dice Zaffaroni, antes que descalificarlo es necesario reconocer que “ese crimen es el gran desafío para la criminología del Siglo XXI, (…) sobre todo cuando es el crimen que más vidas sacrifica”. (Véase, Raúl Zaffaroni, El Crimen de Estado como objeto de la criminología).
Ubicado en ese terreno movedizo, los opositores al gobierno aducen que ese concepto intenta eludir y encubrir la responsabilidad de los auténticos culpables para quedarse en acusaciones generales. Sin embargo, en tanto no es un delito, nadie debería esperar que dicho concepto sirva para fincar cargos en la carpeta de investigación penal. Ciertamente se lo puede utilizar dolosamente por parte del Ejecutivo Federal para avivar la rabia social contra sus adversarios del pasado, sin mayor consecuencia jurídica; pero ese riesgo no tendría que implicar el rechazo al valor de dicho concepto.
Basta revisar las notas de prensa posteriores al informe de la CoVAJ, para entender que, en buena medida, el rechazo al concepto proviene de confundir Estado con Poder Ejecutivo; o con Jefe del Poder Ejecutivo (Presidente de la República); o con Gobierno Federal; o con aparato de gobierno; o con burocracia; o, etc. Así que vale la pena recordar que el Estado es una relación social de poder, que puede asumir distintas formas de gobierno y tener distintas fuentes de legitimidad. El ejercicio del poder del Estado puede propiciar situaciones donde se generen Crímenes de Estado, “que pueden ser cometidos como acción concertada y deliberada por miembros del Estado, o por particulares (como los grupos paramilitares, o de la delincuencia organizada), que actúan en complicidad o por tolerancia (omisión) del Estado”. Algunos de estos crímenes son “el genocidio; el exterminio; los crímenes de guerra; los de lesa humanidad; el terrorismo; el asesinato; la tortura; la privación ilegal de la libertad; la esclavitud; la desaparición forzada; el desplazamiento forzado; la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, económicos, étnicos, religiosos o culturales”. (Para la tipificación de esos crímenes me baso en y amplío la definición de Movice).[1]
Insisto, reducir el Estado a la suma de los componentes orgánicos para el ejercicio de ese poder, reducirlo a su estructura, deja de lado su naturaleza política, lo cual limita, si no es que impide, la capacidad de transformarlo. Así, el valor del concepto Crimen de Estado radica en que pone énfasis en la responsabilidad del Estado, como la relación social de poder que es para que los delitos sucedieran. Hasta ahora hay diversos inculpados en la investigación, que van desde miembros de la Policía Municipal de Iguala, hasta el ex Procurador de la República, Jesús Murillo Karam, pasando por integrantes de Guerreros Unidos, un grupo de la delincuencia organizada. Y entonces ¿cómo encaja la categoría de Crimen de Estado con estos acusados por delitos concretos? Porque la forma en que se ejerce el poder político en México, ha propiciado la complicidad y/o tolerancia con el crimen organizado ahí presente, y esta es una de las características de un crimen de Estado.
Pero no sólo ha existido encubrimiento y complicidad con la delincuencia organizada, sino que, desde el Estado, y de tiempo atrás, se ha generado un clima social y político de linchamiento de los estudiantes de las normales rurales. No es casual que a partir de la década de 1980 se haya registrado el masivo cierre de estas. Son campesinos, son pobres, son indígenas, son jóvenes, son estudiantes. Son prescindibles. A esa discriminación se ha sumado la estigmatización de sus conductas políticas. Todo ello ha alimentado un clima social que los señala como agitadores y potenciales delincuentes; en suma, como una amenaza a la gobernabilidad y la paz social. Sólo un clima así, auspiciado y tolerado por el Estado, pudo generar los terribles hechos. Ese clima ya estaba legitimando y minimizando a priori las consecuencias de esa barbarie en Iguala. No fue producto de una suma de casualidades.
Por otro lado, la pretensión de destruir la “verdad histórica” por parte de la CoVAJ me parece congruente con su adopción de la tesis del Crimen de Estado, en tanto dicha “verdad” fue utilizada, para, en los hechos, dar carpetazo al asunto y entonces propiciar complicidades e impunidades típicas de ese Crimen. Sin embargo, para que la investigación signifique realmente un avance, debe superar a la tal “verdad histórica”, es decir debe aportar la verdad a secas (sancionada en el terreno legal) sobre quiénes, cómo, cuándo y dónde asesinaron y desaparecieron los cuerpos de los estudiantes. Dudo que lo logre. Es altamente probable que la investigación se convierta en una persecución política. Politizar la justicia es un manido recurso de los gobiernos para debilitar al adversario; en esta y en otras latitudes del planeta, en este y en otros tiempos.
Asimismo, me llama la atención que quienes critican el uso del término Crimen de Estado, no hagan lo mismo con la adopción de “verdad histórica” cuando el carácter de ambos es igualmente ideológico y político. Esta verdad es el ideal de un proceso penal que debe concluir en la verdad legal. Como esta verdad legal no se logró en la investigación anterior, entonces se propagandizó con la histórica.
Y a pesar de la naturaleza semejante de “verdad histórica” y de Crimen de Estado, existe una diferencia esencial ya que este no invoca alguna neutralidad, y en cambio se coloca del lado de la ética y la defensa de los derechos humanos; mientras que la “verdad histórica” forma parte del discurso de un Estado incapaz –entre otras obligaciones– de proteger la vida de los normalistas. Dicho en otros términos: frente al monstruo de un Crimen de Estado (reitero en las mayúsculas) no se puede ser neutral, no se puede alegar la falsa cientificidad de que si tal Crimen no es un delito, entonces no existe. De ahí a la complicidad moral con los criminales, no hay distancia.
Para finalizar: ¿Cómo evitar que se repitan Crímenes de Estado como el de Ayotzinapa? Saneando el ejercicio de ese poder, en otras palabras, democratizándolo. No lo haremos desde la academia; sabemos que es una tarea de la sociedad. Lo que sí podemos en este caso, es contribuir a que las filias y fobias políticas no enrarezcan más el ambiente, e impidan una discusión libre y razonada sobre asuntos de esta magnitud ética y política.
30 de agosto de 2022
* Economista por la UANL. Socióloga por FLACSO-ELAS, Santiago de Chile. Profesora Investigadora del Dpto. de Economía de la UAM-A. Colaboradora en libros y revistas especializadas en asuntos laborales, economía y política nacionales.
** Imagen de portada: Cartel de la serie 40 Carteles para Ayotzinapa convocada por la UAM-Cuajimalpa
[1] Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Organismo civil con sede en Bogotá, Colombia.
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