“No es la lluvia, eres tú” es el título de un video del periodista Santiago Fourcade, que alude, además de las responsabilidades de instancias gubernamentales, al cambio de hábitos de los ciudadanos como parte esencial de la solución a las inundaciones y al desabasto de agua, y a la necesidad de autocrítica de los regiomontanos sobre la basura que tiramos y sobre el agua que consumimos. Con ello la solución está en nuestras manos como habitantes de la urbe. Esta es, una postura que traslada al ciudadano –al más puro estilo do-it-yourself de los gurús de autoayuda– obligaciones y responsabilidades políticas de autoridades municipales y estatales.
La discusión sobre la sequía y el desabasto de agua de hace dos semanas fue aparentemente acallada desde el cielo con las lluvias y tormentas eléctricas que han provocado caos vial, accidentes, retrasos y daños materiales en viviendas, negocios e infraestructura pública desde inicios de septiembre. ¿Es realmente la basura que tiramos los propios ciudadanos, o nuestro consumo excesivo de agua para uso doméstico la respuesta?
Desde mi punto de vista, amenazar con el racionamiento y otras medidas como incluso no bañarse, es un discurso retorcido que individualiza la responsabilidad del abasto de agua, cuando se sabe que solo 25% del agua concesionada en Nuevo León es para uso público urbano, que la tendencia del consumo doméstico ha sido descendente en los últimos años, y que estudios importantes han señalado que el potencial de ahorro primordial para reducir el déficit hídrico está en los usos agrícolas (que representa alrededor de 64% del agua concesionada en la entidad), tanto en la mejora de la eficiencia física en los distritos y unidades de riego como en la inversión en acciones como revestimiento de canales y la modernización del riego (Sánchez de Llanos y otros, 2015).
Por otra parte, las oportunidades para desechar adecuadamente los residuos en la ciudad y los incentivos para realizarlo (así sean denuncias que lleven a sanciones y multas) no se corresponden de ninguna manera al comportamiento individual que se espera del regiomontano promedio. Pues al comportamiento ambiental que pudiera contribuir a reducir la problemática de residuos sólidos en el sistema de drenaje pluvial le corresponden no solo denuncias y multas, sino también las llamadas ‘estructuras de oportunidad’ (léase: opciones adecuadas y accesibles de disposición de residuos y desechos, en vías y espacios públicos, a nivel doméstico y comunitario en las colonias; mejor cobertura y eficiencia de la infraestructura de drenaje pluvial, entre otras).
Sin embargo, los riesgos de las inundaciones y los anegamientos si son de facto individualizados. Definitivamente ir entre charcos no es lo mismo para unos y otros en esta ciudad tan desigual en términos sociales y espaciales. Recientemente acudí al «Taller Metropolitano de Monterrey» organizado por ONU-Hábitat, en donde constaté algo claramente observable en esta ciudad: que el mapa de movilidad en Monterrey es también un mapa de desigualdad y exclusión. En la plática introductoria de este evento, se mostró un mapa que ilustraba que quienes pueden llegar en una hora a cualquier parte de la ciudad son quienes se trasladan en un vehículo privado, mientras para quienes se trasladan en transporte público una hora apenas alcanza para el primer cuadro de la ciudad y un poco más. A esto se suma insuficiencia de las rutas de transporte público, la falta de información sobre horarios y rutas, la incomodidad e inseguridad, altos costos, inseguridad acerca del tiempo de traslado (Pérez Esparza 2008), y las colonias cada vez más lejanas de los centros de trabajo.
Las inundaciones y anegamientos provocados por las últimas lluvias revelan e intensifican la desigualdad al trasladarse en el área metropolitana, incluso con resultados fatales. Ante las lluvias, las diferencias y la exclusión son muy marcadas de un lugar a otro y de un grupo social a otro. Basta dar una vuelta por cualquier colonia cuyas calles se convierten en arroyos y crecientes de agua, como la colonia Santa Lucía (La Granja Sanitaria), donde desde hace años persisten dos peligrosos socavones de drenaje pluvial ‘en construcción’, a pesar de las quejas y denuncias de los vecinos ante las autoridades correspondientes (ver foto); o, pensar en el caso del joven de 14 años, electrocutado fatalmente el martes pasado en su regreso a casa de una secundaria pública en Apodaca, por la creciente de agua que se sucede una y otra vez en las calles de la colonia Quinta Colonial, con postes metálicos expuestos y sin drenaje pluvial.
Estos lamentables hechos ejemplifican lo que señala el informe “La vulnerabilidad de México ante el cambio climático, una revisión del Sistema Nacional de Protección Civil” – publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, a propósito del aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. En este se relaciona de manera definitiva el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos extremos con la desigualdad y la vulnerabilidad social, reafirmando que los desastres son socialmente construidos, que el riesgo podría reducirse y los daños y pérdidas humanas evitarse a través de la gestión integral de los riesgos, que incluye también aspectos de justicia social y espacial, relacionados con la reducción de la desigualdad y la vulnerabilidad social. Además, confirma la lamentable decisión del gobierno federal entrante de subordinar la Subsecretaría de Protección Civil a la Secretaría de Gobernación, sin autonomía propia y en una secretaría ajena a la gestión del riesgo.
Debemos reconocer la violencia de Estado que significan estos agravios recurrentes, que profundizan las brechas de desigualdad y la injusticia socio-ambiental que conduce a estas muertes evitables. Más allá de culpabilizar al individuo, nos toca exigir a las autoridades estatales y municipales asumir sus responsabilidades en la gestión integral de los riesgos hidrometeorológicos que enfrentamos en esta ciudad y que se espera que crezcan en el contexto del cambio climático, la creación de las estructuras de oportunidad necesarias para estar en posibilidad de hacer nuestra parte como ciudadanos, funcionarios capacitados en una cultura de prevención y conocimiento de la gestión integral de riesgos desde el marco de Sendai, y el cumplimiento de la Ley de Protección Civil.
10 de septiembre de 2018
Fuentes citadas:
Sánchez de Llanos, Juan Ángel, et al. 2015. Capítulo 1. Uso del agua en Nuevo León. Oferta y demanda: perspectiva del Proyecto Monterrey VI. The Nature Conservancy.
Pérez Esparza, Jesús David. 2008. Reestructuración del Sistema de Transporte Público de la Zona Metropolitana de Monterrey: Diagnóstico del Problema y Propuesta de Política Pública. Tesis de Licenciatura. Monterrey: ITESM.
Zepeda Gil, Raúl, et al. 2018. La vulnerabilidad de México ante el cambio climático, una revisión del Sistema Nacional de Protección Civil. Ciudad de México: Instituto Belisario Domínguez.
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