La ciudad de Monterrey al ser fundada se le otorgó una extensión territorial de 62.8 km, por cada punto cardinal, en este espacioso valle se establecieron fundos mineros, estancias de ganado, haciendas y congregaciones; con el paso de los años, y aunado al crecimiento económico y demográfico, estos asentamientos obtuvieron la categoría de alcaldía mayor y con ello sus propias autoridades. Así, poco a poco se fueron separando de Monterrey, en un proceso de casi trescientos años: Cadereyta, Salinas, Santa Catarina, Pesquería Grande (Villa de García), Santiago, Apodaca, San Nicolás, Marín, Higueras, Pesquería, Zuazua, El Carmen, Abasolo, Ciénega, Ramones, Allende, Dr. González, Guadalupe, Juárez, Escobedo y San Pedro.
Con esa disminución territorial, a mediados del siglo XIX la ciudad de Monterrey solo conservaba las tierras ejidales que poseía desde su fundación, igualmente las tierras de propios, que arrendaba el ayuntamiento a particulares proveyendo recursos para obras, y las tierras asignadas a la virgen, patrona de la ciudad. También seguían perteneciendo a la ciudad, las haciendas y congregaciones, de San Bernabé, San Jerónimo, Urdiales, Tijerinas, Ancón, Los Remates, Mederos, Cristales, Estanzuela y el Mineral de San Pedro, en el paraje conocido como El Diente.
Con la ley Lerdo de 1856, titulada de Desamortización de bienes; las tierras ejidales de Monterrey pasarían a manos de particulares, esta ley estimuló el acaparamiento de tierras; en el año de 1867, el cabildo de Monterrey consignó haber realizado 499 enajenaciones de tierras ejidales que pertenecieron a la ciudad. Este hecho coincide con el proceso de instalación industrial que en el último tercio del siglo XIX se suscita en esta capital, así, el entorno de la ciudad se fue urbanizando a la misma velocidad que la ciudad se industrializaba. Donde antiguamente se establecían haciendas y congregaciones surgieron barrios y colonias que se expandieron durante el siglo pasado por todo el valle.
Ahora, en pleno siglo XXI, la especulación de la tierra y la industria de la construcción surgen en la ciudad con un vigor rampante, el crecimiento en este rubro avanza violando de manera frecuente la normatividad establecida, mientras autoridades de gobierno, municipal y estatal, usan los más variados métodos para legitimar despojos y abusos de quien más tiene y les ofrece.
Hace unos meses mientras realizaba una consulta en el archivo histórico de Monterrey, se me acerco un grupo de hombres del campo, con un papel de 1635, a nombre del alférez Gregorio Fernández, pidiéndome les dijera su contenido, pues con este documento, el gobierno de Natividad González Parás legitimó el despojo de 4 mil 40 hectáreas, en General Zuazua, Nuevo León.
El documento en cuestión refiere que el alférez Fernández, recibió el 6 de diciembre de 1635 del gobernador Martín de Zavala, tres sitios de ganado mayor. Un sitio equivale a 1,755 hectáreas; tres sitios de ganado mayor suman 5,265 hectáreas. El documento indica los linderos de dichos sitios y los describe ubicándose en lo que actualmente conocemos como: Zacatequitas, Agua Fría, Ojo de agua de Carrizalejo, Alto del borrego y Cerrito de los Piojos. Diremos para una mejor ubicación, que el territorio en cuestión estaría en el área existente al norte del río Pesquería y al sur del río Salinas, por consiguiente, en parte de los municipios de Pesquería, Apodaca y Marín. Al continuar la lectura del documento, nos enteramos que esa propiedad de 5,265 hectáreas, fue vendida el 27 de mayo de 1650, por el propio Gregorio Fernández, a su yerno Blas de la Garza; y por ese acto en que el beneficiado hace sesión de su derecho, el documento que avala la dotación de tierras, a nombre del alférez Fernández, deja de tener validez legal.
Nosotros sin ser conocedores a fondo o expertos en derecho, sabemos que para reclamar esas tierras se debería de presentar los documentos de sesión, o las hijuelas de los herederos de Blas de la Garza. Sin embargo, los servidores públicos de la alta burocracia, al frente de los tribunales agrarios y supuestamente expertos en el tema, le están otorgando validez a un documento que avala una propiedad que fue de Gregorio Fernández y vendida en 1650.
El colmo del abuso y corrupción, es que con dicho documento, las autoridades agrarias de nuestro estado otorgan posesión legal y avalan el despojo de tierras que se encuentran en el municipio de Zuazua, al norte del río Salinas, es decir, en otra ubicación diferente a la que describe la dotación de tierras de Gregorio Fernández y con una extensión distinta, pues el polígono de las tierras comunales en Zuazua equivalen a 4 mil 40 hectáreas. Mientras las de Fernández como ya hemos dicho suman 5 mil 265 hectáreas
Las tierras de los comuneros de Zuazua, tienen linderos distintos a las de Gregorio Fernández simple y sencillamente porque son diferentes. Estas tierras en el hoy municipio de Zuazua, fueron otorgadas por el gobernador Agustín Echeverz y Subiza, en 1686, a varias familias de indios Tlaxcaltecas llegadas del Saltillo, y que fundaron allí, el pueblo de indios llamado de Nuestra Señora de San Juan del Carrizal de la Nueva Tlaxcala. El pueblo se mantuvo hasta 1715, cuando sus habitantes fueron trasladados por el gobernador Francisco de Barbadillo Vitoria, a la comunidad que hoy conocemos como Gil de Leyva en el hoy municipio de Montemorelos, debido el constante acoso y abuso de sus vecinos criollos y españoles.
Al ser abandonadas estas tierras desde tiempo inmemoriales, han sido utilizadas por los comuneros de Zuazua para el cultivo de maíz, frijol y sorgo, como agostadero y pastoreo y para abastecerse de leña, desde hace más de cuarenta años cerca de cincuenta familias fundaron la comunidad rural Zuazua II.
El gobernador de triste memoria Natividad González Parás, para legitimar el despojo, a los comuneros de Zuazua emitió un decreto plagado de inexactitudes y errores en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo león, en edición del viernes 22 de junio de 2007, tomo CXLIV. Núm. 86, reconociendo la existencia de la copropiedad rural “Tlaxcala” y como su principal promotor al C. Conrado Martínez Montemayor, ex funcionario municipal y encargado, curiosamente, del Registro Público de la Propiedad en los gobiernos priistas de aquel municipio.
Este caso en Nuevo león, que incidentalmente conocimos, difícilmente está aislado de la dinámica extractivista y de despojo que actualmente enfrentan pueblos indígenas y rurales de México y América Latina (1). En tiempos donde la ciudadanía ha llegado al borde de la desesperación exigimos un Alto y un Ya basta, al abuso y corrupción en los gobiernos municipal, estatal y federal. Los integrantes del colectivo Académicos de Monterrey 43 nos solidarizamos, y estaremos al pendiente del curso que siga la “Formal Querella” que han iniciado por este asunto agrario los ya viejos comuneros de General Zuazua, Nuevo León.
por Meynardo Vázquez Esquivel
Guadalupe, Nuevo León a 15 de enero de 2017
1.-Al respecto les sugerimos la lectura del libro Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina. Claudia Composto y Mina Lorena Navarro (compiladoras). México: Bajo Tierra Ediciones, 2014. http://otrosmundoschiapas.org/docs/territorios_en_disputa_bienes_comunes.pdf
Académicxs43 